LAS COLUMNAS DE EL REFORMA

Carmen Aristegui F.
ADN y TEPJF

El TEPJF debió recurrir a conocimientos especializados para no renunciar a valorar la situación postelectoral como lo hizo
Hace unos días la Suprema Corte emitió un fallo de gran alcance, no sólo por la materia sino por el tamaño de la innovación para hacer justicia. Determinó que la prueba de ADN es "eficaz y certera" para determinar si existe o no vínculo paterno-filial. Estableció así el criterio jurídico que resuelve lo esencial en los juicios por paternidad. En caso de que el presunto padre se niegue a practicar la prueba del ADN, en automático, se presume la relación filial. Es decir, si un individuo es llevado a juicio para que reconozca su paternidad, y se niega a colaborar, en lugar de obligarlo judicialmente a que entregue un poco de saliva o que se le extraigan unas gotas de sangre -lo cual violentaría su intimidad-, se le informa que de negarse al examen, se dará prácticamente por sentada su paternidad. El asunto es de gran alcance porque allana el camino para favorecer el derecho de las niñas y los niños, o de cualquier persona, a conocer y saber de sus padres biológicos y a obtener de ellos lo que la ley establece a su favor. A la importancia del tema mismo, se agrega la importancia de la manera en que lo resuelve. Para que la Corte llegara a está conclusión, recurrió -por primera vez en la historia- a especialistas en la materia. Los científicos elaboraron un dictamen sobre la efectividad de la prueba pericial del ADN. Cien por ciento de certeza sobre la no paternidad cuando los marcadores de ADN del padre y la madre no coinciden, 99 por ciento de certeza sobre la paternidad si los marcadores coinciden. El gran tema aquí es que se establece una relación entre la ciencia y el derecho totalmente novedoso. El ministro José Ramón Cossío, autor del proyecto, enfatiza que relacionar la ciencia con la justicia tiene como propósito: "hacer que los juzgadores profieran sus fallos de una manera más informada cuando se enfrentan a ámbitos de conocimiento que van más allá del conocimiento ordinario del derecho". No es cualquier cosa lo que está diciendo. Se trata de romper la lógica auto-referencial que impera en las decisiones judiciales (tal como lo explicó en entrevista para CNN, próxima a transmitirse). Abrir la puerta para que quienes deciden sobre asuntos trascendentales hagan valer los ámbitos de conocimiento que están más allá de los códigos y las leyes. ¿Por qué tendría que saber un juez si la efectividad de la prueba del ADN es prácticamente perfecta? Recurre, entonces, a los genetistas. La relación ciencia-derecho, planteada por Cossío, abre una posibilidad enorme para la impartición de justicia. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si los magistrados del Tribunal Electoral hubieran tenido una mira más alta para resolver las impugnaciones de la elección presidencial? Probablemente otra historia nos cantaría.

La decepción causada por lo que hizo el Tribunal tiene que ver, entre otras cosas, precisamente con su auténtica declaratoria de incapacidad. Eso y no otra cosa es lo que se desprende de lo que suscribieron por unanimidad los magistrados: "La gran mayoría de las irregularidades denunciadas en relación con dicho proceso electoral, no quedaron demostradas, ante la insuficiencia de elementos que pusieran de manifiesto su existencia o bien, la afectación del desarrollo del proceso electoral... Si bien existieron ciertos hechos... que pudieran considerarse en principio irregulares, en algunos de ellos no se tuvieron elementos para establecer de manera objetiva o al menos probable, el grado de influencia en la intención del voto". Resulta increíble que el Tribunal reconozca con todas sus letras que actores políticos y sociales intervinieron en la elección y que incluso se haya planteado que la intervención del Presidente fue el elemento que puso en mayor riesgo la validez del proceso por un lado, pero, por otro se señale que no se tuvieron los elementos objetivos para establecer el grado de influencia en la intención de voto. Es obvio que con el mero conocimiento de las leyes no se puede determinar cómo influyó que el Presidente se metiera hasta el codo, que el CCE hiciera una grosera campaña contra un candidato o que se desataran campañas negativas por parte de los dos principales contendientes. Los códigos y leyes no resuelven pues, lo sustantivo de las impugnaciones. ¿Acaso no saben los magistrados que existe una verdadera industria que mide el impacto en las audiencias? ¿Han oído hablar de las encuestas? ¿Del rating? ¿No se les ocurrió preguntar a especialistas cómo pudo incidir en la intención del voto la campaña de aniquilación contra AMLO, o cómo afectó culpar a Calderón del Fobaproa? ¿No se les ocurrió investigar a cuántos impactos propagandísticos fue sometida la población por agentes extraños al proceso que lo distorsionaron sin remedio? Si bien es cierto que la coalición que impugnó tampoco presentó elementos suficientes, el Tribunal estaba obligado a allegárselos. Su obligación era dotar de certidumbre el resultado. A favor de Calderón, a favor de López Obrador o a favor de la anulación, pero con claridad y solidez de argumentos. Reconocer que hubo anomalías, aceptar que no supo qué efectos causaban y, sobre ello, declarar la validez, fue una barbaridad. La responsabilidad del Tribunal en lo que hoy ocurre en México es enorme.

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Miguel Ángel Granados Chapa
Los medios oaxaqueños

Ayer fue devuelta la última emisora radial ocupada ilegal, inadmisiblemente, por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. La invasión de las estaciones es por lo menos tan reprochable como el asedio del gobierno local a un diario capitalino
Horas antes de que fuera entregada la última estación privada invadida por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Felipe Calderón condenó ante los radiodifusores de todo el país, reunidos en Cancún, la ocupación de emisoras radiofónicas en esa entidad. Lo dijo en un discurso donde se refirió a la radio no lucrativa, que debe poder transitar a la digitalización en los mismos términos que la comercial. De ese tema, y de la competencia en los medios electrónicos, de que también habló como uno de los elementos de su modelo de comunicación, nos ocuparemos después.

Calificó de "reprobable e inadmisible" el que, "con el pretexto de la libre expresión y manifestación de las ideas, grupos violentos se apoderen por la fuerza de instalaciones de estaciones radiofónicas en Oaxaca y en cualquier parte del país. Eso va más allá de un allanamiento de morada, más allá de un daño en propiedad ajena que no se debe permitir en el caso de ningún ciudadano, sino que es la obstrucción ilegal de una vía general de comunicación cuyo uso, aprovechamiento o explotación sólo puede darse en términos de ley. Por eso es vital que el Estado, y esa es mi convicción, garantice el régimen de libertades del que gozamos los mexicanos, y no permitir que se cometan, en nombre de valores o afanes que se apartan del derecho, de la legalidad y el respeto a los demás, atropellos que no tienen cabida en el México del siglo XXI".

La arenga sería cabal si se refiriera no sólo a las estaciones invadidas, sino también al diario Noticias. Voz e imagen de Oaxaca, al que los gobiernos de José Murat y de Ulises Ruiz han hostigado desde el año 2004, y al que han querido suprimir del espacio público de esa entidad. La APPO, por su parte, atacó a medios de difusión casi desde el principio de su movimiento, iniciado el 14 de junio, después de que la policía de Ruiz pretendió desalojar del centro histórico de la capital oaxaqueña a integrantes de la sección 22 del SNTE, en suspensión de labores desde el 22 de mayo anterior.

La APPO se apoderó de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), un organismo público que operaba el canal 9 de televisión y varias emisoras de radio. Éstas fueron utilizadas durante varias semanas para difundir propaganda de la Asamblea y el magisterio, así como voces de los ciudadanos que denunciaban atropellos recientes o antiguos perpetrados por las autoridades. De ese modo se convirtió en un objetivo de la represión gubernamental, que se concretó en un brutal ataque armado el 21 de agosto. Los agresores probablemente pertenecían a las fuerzas de seguridad estatal, pues utilizaron armas propias de esas corporaciones, pero se disfrazaron de civiles. Destruyeron el transmisor central de la Corporación y lesionaron a varias personas, entre ellas Sergio Valle Sánchez.

Como reacción ante ese intento de silenciamiento, la APPO ocupó la mayor parte de las 16 estaciones de radio en la capital oaxaqueña y las dedicó a difundir noticias de su movimiento. Doce estaciones de nueve empresas quedaron sujetas a esa suerte de ilegal expropiación: La grande de Oaxaca, las dos Estéreo Cristal, La tremenda de Oaxaca, La 100.9, Exa, La SuperQ, Estéreo Éxitos, Radio mexicana, Dimensión 820, Magna 6.80F y La Ley. Fue una agresión que no puede ser cohonestada desde ningún punto de vista, como lo comprendieron los propios dirigentes de la movilización, que ese mismo día desalojaron casi todas las estaciones y devolvieron el resto el 12 de octubre, cuando parecían prosperar las negociaciones con la Secretaría de Gobernación. Al final, sólo quedó en manos de la APPO la denominada La Ley, a la que se agregó el apellido "del pueblo" y se escuchaba en el 710 del cuadrante de amplitud modulada. La importancia que los emisores, el público y el gobierno atribuían a sus mensajes quedó trágicamente medida por el asesinato de Lorenzo San Pablo Cervantes y Pánfilo Hernández Vázquez, que formaron parte del comité de resguardo de la emisora. Luego de que su capacidad de difusión se deterioró por razones técnicas probablemente inducidas, ayer fue devuelta al Grupo Radiofónico de Oaxaca, que la opera.

Es probable que entre las órdenes de aprehensión emitidas a instancias de la Procuraduría General de la República varias se refieran a asambleístas que participaron en la toma de esas emisoras. Ninguna acción legal se ha iniciado, en cambio, contra los ocupantes de las instalaciones del diario Noticias. En noviembre de 2004, casi para concluir la administración de Murat, su bodega de papel, situada a las afueras de la capital, fue invadida por campesinos que alegaron derechos sobre el predio respectivo. Seis meses después, ya con Ruiz en el palacio de gobierno, se inició una huelga no acordada por los trabajadores del diario, sino por un sindicato de protección afiliado a la CROC con el que trataba el propietario de la empresa Ericel Gómez Nucamendi. Los miembros de la redacción, así como los empleados de talleres y administrativos fueron echados de su sede, y desde entonces ese periódico se edita en un lugar ajeno a su domicilio formal. La Secretaría de Gobernación intentó una mediación que incluyó la presencia de periodistas reconocidos, como Javier Solórzano, sin que el gobernador Ruiz abandonara su versión de que se trata de un conflicto laboral. No lo es. Sí puede ser un problema entre grupos políticos con intereses encontrados, pero el que lo sea no atenúa en lo mínimo la gravedad del ataque a la prensa.



Cajón de Sastre


Como a José Gutiérrez Vivó en 2001, este año la cadena radial española Ser y Radio Barcelona asignaron su premio Ondas a Carmen Aristegui, la brillante periodista que conduce la primera edición del noticiario Hoy por hoy a través de XEW. No sobra decir que se trata de un reconocimiento merecidísimo, por la alta calidad de su periodismo, que siendo incisivo no es avasallador porque es inteligente y cálido. Esta valiosa distinción contrasta con la por lo menos desdeñosa actitud de Televisa Radio hacia la que es también entrevistadora estrella de CNN en español. Como se sabe, la Voz de la América Latina desde México, la W, es propiedad por mitades del consorcio hispano Prisa (poseedora de la cadena Ser) y de la empresa de la familia Azcárraga, que a su vez opera también Sky, que monopoliza la televisión satelital en México. Hoy por hoy se transmitía en el canal 629 de Sky pero un alegado desperfecto técnico lo tiene fuera del aire desde hace más de tres semanas, sin que los defraudados usuarios tengan una explicación.


Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

FeCal entiende: EL PUEBLO NO ES TONTO!!!