LOS CORREOS DE EL PUEBLO

Mandan link sobre caso Atzompa

Nos mandan un link de un blog cuyo tema principal es el caso Atzompa:

Hola, te envío la dirección de mi blog, respecto al CASO ATZOMPA:
FALLECE ANCIANA NAHUA PRESUNTAMENTE VIOLADA POR MILITARES

http://wemmage.blogspot.com

Se reciben comentarios y críticas.

Gracias
Andrés Cabrera

Firmas para Ernestina!

No dejando el tema nos mandan la lista de firmas que se publicaron en la Jornada demandando justicia para el caso de Ernestina y su familia

Compañeros, nuevamente enviamos la carta para el que se quiera adherir lo haga mandándonos un correo.

Les mandamos saludos

Esta es la carta:

La sala de chat de la LNCCR

Nos mandan una invitación para participar en la sala de chat de la LNCCR

Por medio de este correo electronico se les hace la invitación a que se unan a la sala de chat de la LNCCR (http://liganacionaldecomites.blogspot.com), con el fin de estrechar lazos y tener un punto más de encuentro para platicar o intercambiar información.
Saludos desde el DF.

Mandan actualización del blog "Convención de Sinaloa"

Te aviso que esta actualizado el Blog La Convencion Sinaloa, http://laconvencionsinaloa.blogia.com/
Ademas te envio una version resumida en PDF(va en archivo adjunto), y como introduccion la soguiente nota del Equipo del Blog La Convencion Sinaloa:

Sinaloa 2007
La Izquierda Democratica tiene que democratizarse
Al instalarse el Consejo Estatal Electoral se iniciaron los trabajos comiciales en Sinaloa, este proceso cuenta como día clave el Domingo 14 de octubre de 2007, sino sucede otra cosa.
Se renovarán los siguientes cargos de elección popular: 18 ayuntamientos, presidentes municipales y regidores, 24 Diputados al Congreso del Estado más los plurinominales.
En un recuento de los porcentajes obtenidos por la izquierda democrática, encontramos algunos números:
En 1998 el PRD obtuvo el 18.5% de los votos.
En el 2001 el PRD obtuvo el 11.3% de la votación mientras que la alianza PT logró el 1.1% y Convergencia el 0.7%.
En el 2004 en Partido de la Revolución Democrática obtuvo 5.3%, el (PT) Partido del Trabajo 1.6 % y el Partido Convergencia 0.6 %.
1.- La tendencia de los votos para la izquierda democrática en Sinaloa en las elecciones locales es a la baja, el caso del PRD es dramático el comportamiento estadístico reprueba contundentemente su política social prácticamente inexistente en el Estado, dentro del partido hay quienes se asumen profundamente partidarios de la idea que su trabajo debe ser esencialmente electoral, a ellos los números mostrados en los últimos comicios locales les deben significar una profunda reflexión sobre lo que han hecho del PRD, en dicho ejercicio deben pensar.
2.- El PT y Convergencia ahí están, y como alguien dijo, son los ganadores de esta pequeña historia, sus números no se mueven.
3.- En la izquierda democrática hay los unos, los otros, aquellos y los que llegaron.
4.- Los unos que le apuestan a una gran alianza con el PRI para “detener el avance de la derecha”.
5.- Los otros bajo la proclama de la burocracia partidaria; administrar el capital político generado por AMLO y sin mucho esfuerzo, sin despeinarse ni tragar polvo popular, esperar la jugosa debacle estadística y con sacar un 11% del 30.8% que obtuvo AMLO en el Estado les garantizan los cuatro diputados pluris que necesitan.
6.- Los que llegaron, buscan la posibilidad de un cambio profundo en los partidos de la Izquierda democrática, PRD, PT y Convergencia en principio que se democraticen, que las exiguas burocracias partidarias entiendan que la política de familias y los compadres es un fracaso, ni siquiera electoralmente es redituable, además que es inmoral y deshonesto, ya que los partidos son entidades de interés público, financiados con los impuestos que los ciudadanos aportamos quincenalmente vía nómina otros fuera de las nóminas pagando el IVA sin posibilidades de recuperarlo.
La Izquierda democrática debe participar unificada en este proceso electoral:
a) Bajo un compromiso de cambio profundo en el comportamiento legislativo, tres o cuatro diputados nada lograrán si no tienen un respaldo activo de los ciudadanos.
b) Los Candidatos en todos los niveles están obligados a realizar un compromiso público y expreso en el sentido de desarrollar un Plan de Trabajo tanto legislativo como de gestoría y promoción de organización ciudadana. Se requiere desarrollar una recuperación de la credibilidad ciudadana.
c) Los próximos Diputados y regidores deben trabajar por recuperar la identidad de la izquierda y la democracia, hasta hoy poco se sabe de alguna diferencia entre un regidor o diputado de izquierda o de derecha, el pueblo de Sinaloa necesita referentes democráticos en los cuales depositar la esperanza por un futuro distinto al marcado por los gobiernos de la derecha representada en el PRI-PAN.
d) Los Diputados y regidores deben trabajar junto a los partidos de la izquierda democrática y los ciudadanos para conformar y consolidar un proyecto alternativo para el Estado, es tarea urgente, esto es hasta mas importante que ganar una candidatura en la medida que se logre establecer las bases para ofrecer a los sinaloenses una alternativa de realidades posibles.
e) Ya no vale solo decir que queremos recursos y subsidios para el campo, es necesario desarrollar una nueva organización de los campesinos y productores, desarrollar espacios de participación. No se basta decir que la Universidad está en crisis, es necesario impulsar la creación de nuevas universidades públicas para los que menos tienen, una familia con dos salarios mínimos o come o manda a sus hijos a las actuales universidades públicas, el 60% de los aspirantes a ingresar a licenciatura no encuentran espacio, el 80% de los jóvenes mayores de 18 años no acuden a las escuelas. Se dice que en Sinaloa hay oportunidades para estudiar, sin embargo existen casos críticos, en información adquirida en el portal del Gobierno estatal, www.sinaloa.gob.mx/Revistas/CGA/CausaComun/Diciembre2006/ANALISIS_
GEOGRAFIA_DELA_MARGINACION.htm, el Dr Ibarra escribe que “la población sin educación primaria completa de 15 años o más fue 23.42% en el estado, pero en Badiraguato 44.19%, Choix 49.14%, Sinaloa 43.30%, Mocorito 41.51%, Cosalá 39.94%, Elota 39.23% y el Fuerte 32.28%... En Sinaloa en 2005, 45.62% de la población ocupada ganaba sólo hasta dos salarios mínimos, y en los municipios con grado de marginación alto y muy alto la situación era mas dramática. En Badiraguato 66.6%, Sinaloa 68%, Mocorito 65.2%, Choix 66.6%, por ejemplo, alcanzaban igualmente un ingreso de sólo dos salarios mínimos”
f) Y el salario de los profesores?
g) Y el empleo prometido en campaña por los gobernantes?
h) ¿Cómo detener la obligada migración a EU? Según el CONAPO, en el año 2003 había 186, 534 personas nacidas en Sinaloa radicaban en los EU, y el Colegio de la Frontera Norte en su Encuesta Sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF), da cuenta que durante los años 2000-2001 sinaloenses devueltos por la patrulla fronteriza alcanzaron la cifra de 25, 561.
i) ¿Qué alternativas reales y tangibles hay a la violencia?
j) El ciudadano no confía en los políticos tradicionales, el ciudadano sabe que una vez obtenido un espacio en la cámara o el gobierno el candidato se va, se olvida de lo prometido o simplemente actúa contra sus intereses, es necesario impulsar la revocación de mandato tanto para presidente municipal como para Gobernador y salario mínimo para el regidor y diputado que no asuma el compromiso adquirido en campaña.
k) Ya no bastan los candidatos de posters o trípticos bonitos. Es necesario el cambio, otros candidatos, un cambio profundo en los partidos.

Este es el PDF que nos adjuntan en el email:



http://s12.quicksharing.com/v/4084/segundo_pdf.pdf.html
Click en el link para bajar el PDF.

Reportan conflicto en San Luis Potosí

Nos envían información de un conflicto en San Luis Potosi por la instalación de un proyecto minero canadiense:

San Luis Potosí, S.L.P.
9 de marzo del 2007.


EL CONFLICTO DE CERRO DE SAN PEDRO EN SAN LUIS POTOSÍ POR LA INSTALACIÓN DE UN PROYECTO MINERO CANADIENSE


Por este medio queremos hacer de su conocimiento la problemática actual que enfrenta el Municipio de Cerro de San Pedro, que forma parte de la zona conurbada de la ciudad de San Luis Potosí, en relación al depredador proyecto minero que impulsa la empresa canadiense Metallica Resources, Inc., a través de su filial en México, Minera San Xavier (MSX).

Desde hace varios años ejidatarios y pobladores del Municipio de Cerro de San Pedro en el estado de San Luis Potosí, así como de la ciudad de San Luis Potosí, nos oponemos a la instalación de un proyecto minero a cargo de la empresa canadiense Metallica Resources, Inc., que a través de su filial en México, Minera San Xavier (MSX) pretende desarrollar un proyecto minero que, por la naturaleza del mismo, provocará un grave deterioro ambiental, daños a la salud de los habitantes de la región, y graves daños al patrimonio histórico y cultural de los potosinos. El Poder Judicial de la Federación ha fallado en diversos asuntos a favor de los opositores y en contra de la SEMARNAT y la empresa, pero ésta continúa operando a un ritmo devastador de la zona con la abierta complacencia de las autoridades federales, estatales y municipales, en las más absoluta impunidad y desacato a las decisiones judiciales.

Por este medio queremos hacer de su conocimiento la problemática que actualmente enfrenta el Municipio de Cerro de San Pedro.

CERRO DE SAN PEDRO

Cerro de San Pedro es un municipio del Estado de San Luis Potosí, ubicado en la zona centro-norte de México a tan solo 18 kilómetros de la ciudad capital del Estado. El municipio cuenta con una población de 3,404 habitantes y su cabecera municipal, del mismo nombre, es habitada por aproximadamente 120 personas.

Cerro de San Pedro se asienta en las estribaciones de la Sierra de Álvarez, a una altura de 2,040 metros sobre el nivel del mar. A menos de 8 kilómetros se encuentran las inmediaciones del valle de San Luis, en el que se asientan los dos más grandes poblamientos del Estado: la ciudad de San Luis Potosí y la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez, que en su conjunto agrupan a una población superior a las 850,000 personas de acuerdo al más reciente censo. Las estribaciones de la Sierra de Alvarez forman parte de la cuenca acuífera del valle de San Luis y se considera zona de recarga del acuífero del valle.

Cerro de San Pedro, es un poblado minero del siglo XVI que dio origen a la fundación de la ciudad de San Luis Potosí (1592), capital del estado del mismo nombre, así como a la construcción de la identidad cultural de la región de forma tal que el propio Cerro de San Pedro aparece en el escudo de la ciudad desde 1655, y en el escudo del estado desde el inicio de su existencia en 1824. Cerro de San Pedro es, entonces, patrimonio cultural, histórico y natural de todos los potosinos y potosinas. Ahora el lugar enfrenta un grave riesgo de destrucción ante el proyecto minero impulsado por la empresa canadiense Mettalica Resources, Inc., ya que dicho proyecto supone la destrucción del paisaje cultural, bien incluido en el patrimonio cultural, en los términos definidos por el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1993.


EL PROYECTO DE LA EMPRESA MINERA.

El proyecto minero impulsado por la empresa canadiense Mettalica Resources, Inc. y su filial mexicana Minera San Xavier, ubicado en Cerro de San Pedro, pretende explotar la zona mediante dos técnicas sumamente depredadora denominadas: tajo a cielo abierto y de lixivación a montones. La lixivación es un procedimiento que consiste en la aplicación de una solución de cianuro de sodio, que es sumamente tóxico, y que se emplea para la recuperación de oro y plata de minerales a través del uso de soluciones acuosas a las que se aplica tal sustancia tóxica.

El proyecto pretende realizar un tajo, es decir, una excavación a cielo abierto para obtener mineral que cubrirá una extensión de 67.7 hectáreas, resultado de la pulverización de 77 millones de toneladas de mineral de los cerros y el subsuelo de los poblados de La Zapatilla y Cerro de San Pedro. Entre las 67.7 hectáreas se incluye el Cerro de San Pedro. Desde el punto de vista laboral la empresa ha reconocido que el proyecto creará 300 empleos directos de obreros generales.

Los monumentos del sitio y el poblado mismo corren grave peligro de destrucción, porque la compañía minera utilizará para la excavación a cielo abierto la cantidad de 25 toneladas de explosivos diarias, cuyas detonaciones e impactos sísmicos les causarán severos daños.

Desde 1995 en que iniciaron los trámites de instalación de la Minera San Xavier, los pobladores han venido realizando una serie de acciones legales para evitar la instalación de la compañía y defender sus legítimos derechos ante las autoridades involucradas en el proyecto, sin obtener una respuesta satisfactoria a sus demandas de seguridad jurídica, el derecho de petición, el derecho a la protección de la salud, y el derecho a ser tomados en cuenta en el desarrollo sustentable. A esa lucha se han sumado un grupo de organizaciones civiles ambientalistas, culturales y de derechos humanos, así como pobladores en general. Nuestra lucha ha conseguido detener parcialmente el proyecto, pero continua vigente el riesgo.

EL ACCIONAR DE LA EMPRESA.

Una serie de irregularidades conforman el actuar de la empresa Minera San Xavier, que a continuación mencionamos:

La compra ilegal de terrenos municipales y ejidales, así como fincas abandonadas en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro, realizando contratos privados con sujetos sin personalidad jurídica.

Arrendamiento de tierras ejidales con falsos ejidatarios. Valiéndose de lo anterior la compañía Minera San Xavier tomó posesión de las tierras en cuestión realizando trabajos sobre inmuebles antiguos sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Cierre de caminos vecinales que por más de 400 años fueron utilizados por los pobladores de las comunidades aledañas.

Compra ilícita de derechos de extracción de agua del acuífero de la zona

La compañía minera realizó una serie de medidas de presión contra el Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, quien temporalmente se negó a refrendar los permisos municipales de construcción a la empresa. La presión se realizó mediante desplegados en la prensa local y la toma de la Presidencia Municipal a través de sus empleados. Tal actitud de la empresa gozó de la abierta complacencia de Ejecutivo Estatal.


LOS EFECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

Entre los problemas de impacto ambiental que generaría el proyecto señalamos los más relevantes:

Al ambiente físico (suelos) se demudarán alrededor de 500 hectáreas con la pérdida irremediable de la flora y la fauna incluyendo 8 especies clasificada como protegidas y en peligro de extinción.

La demolición de un kilómetro de montañas que originará, de acuerdo con las Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que presenta la propia empresa, la creación de 2 tiraderos de material, uno que acumulará 117 millones de material sulfuroso y otro, el patio de lixivación, con 639.7 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos de material cianurado.

Consumo inmoderado de agua, pues el proyecto minero requiere un volumen superior a 5 millones de metros cúbicos anuales, extraídos de un acuífero en pleno agotamiento por la sobreexplotación superior a la recarga, con un abatimiento anual de 40 millones de metros cúbicos.

La inminente contaminación del acuífero por infiltración de sustancias químicas, en especial cianuro.

Los anteriores impactos ambientales causarán, de realizarse el proyecto minero, una afectación irreversible en la salud de los habitantes del Valle de San Luis Potosí, debido a que la dirección de los vientos dominantes conduciría el polvo y los gases producto de los procesos de explotación y lixivación al valle, habitado por aproximadamente millón y medio de pobladores.


LA SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL.

El Poder Judicial de la Federación emitió sentencia cancelando los permisos a la Minera San Xavier:

· Con fecha 5 de octubre de 2005 el Pleno del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa dictó sentencia en el expediente de nulidad 170/00-05-02-9/634/01-PL-05-04 dio cumplimiento al mandato del Noveno Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en Materia Administrativa cancelando la autorización del estudio de impacto ambiental y la correspondiente licencia de uso de suelo y funcionamiento que mediante oficio de fecha 26 de febrero de 1999 otorgo el Instituto Nacional de Ecología, que es un órgano desconcentrado de la SEMARNAP (hoy SEMARNAT) a la empresa Minera San Xavier. Se trata del cumplimiento de una ejecutoria derivada del amparo directo D.A. 65/2004-873, por lo que este Tribunal se vio obligado a resolver la nulidad solicitada desde hace cuatro años por el organismo ambientalista no gubernamental Pro San Luis Ecológico, A.C. En la sentencia del amparo directo resuelta el 23 de junio y notificada el 4 de agosto, el Noveno Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en Materia Administrativa establece que la autorización condicionada que el Instituto Nacional de Ecología otorgó en 1999 para autorizar el cambio de uso de suelo a favor de Minera San Xavier, no debió otorgarse ni siquiera de manera condicionada al cumplimiento de las 100 obligaciones que se pusieron a la empresa. Además lo considera violatorio de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como del Decreto Administrativo del Congreso del Estado de San Luis Potosí que el 24 de septiembre de 1993 aprobó el Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su zona conurbada, que abarca los municipios de San Luis Potosí, Soledad, Mexquitic, Villa de Zaragoza y el propio Cerro de San Pedro, y en el que establece como reserva ecológica la zona del depredador proyecto minero.

Sin embargo, mediante oficio SGPA/DGIRA.DG.0567/06 del 10 de abril del 2006 la SEMARNAT otorgó un nuevo permiso a la Minera San Xavier, desacatando así el mandato del tribunal que le obligaba a cancelar de manera definitiva tal permiso, quedando así en evidencia, nuevamente, la colusión de la autoridad ambiental con la empresa. A partir de ese momento se desató una ofensiva destructora sobre Cerro de San Pedro: se cercó con un muro de piedra el Cerro Histórico; se obtuvo autorización de uso y compra de explosivos de la Sedena; y la empresa se involucró en el proceso electoral del Municipio apoyando a Rosaura Loredo Loredo, quien obtendría el triunfo en el proceso electoral del 2 de julio del 2006.

El oficio de fecha 10 de abril, realmente fue emitido días después ante la presión de los ambientalistas que recabaron judicialmente copias del mismo. Al conocerse el llamado nuevo permiso desde luego se siguió impugnando el mismo.

Existe también el amparo 630/2004 del Tercer Juzgado de Distrito del Estado, a favor de Pro San Luis Ecológico, en contra de actos de SEDENA para otorgar permiso de manejo y uso de explosivos.

GOBIERNO MUNICIPAL

Durante cierto tiempo, de diciembre del 2003 a agosto del 2004, el Ayuntamiento se negó a renovar los permisos de construcción municipales a la compañía minera argumentando que existían una serie de resoluciones jurídicas todavía en proceso, y que hasta que no se resolvieran de manera definitiva suspendería tal renovación. Por ello fue objeto de todo tipo de presiones por parte del Gobierno del Estado y de la propia Minera San Xavier. Finalmente, el Ayuntamiento cedió a las presiones conjuntas de la Minera San Xavier y el Gobierno Estatal, y el 7 de agosto del 2004 renovó los permisos de construcción a la empresa.

En enero del 2007 asumió la Presidencia Municipal la Sra. Rosaura Loredo Loredo, quien ya había ocupado la misma durante la Administración 2001-2003, periodo durante el cual otorgó todo tipo de permisos y facilidades a la empresa minera. Fue durante tal etapa que la empresa cercó los terrenos ejidales que, mediante contrato de arrendamiento con falsos ejidatarios, se apropió. También realizó actos de intimidación contra pobladores que se oponían al proyecto de la MSX, como el cierre del Museo "El Templete", el cual llevaba a cabo una constante campaña de información y concientización sobre los graves efectos del proyecto minero. Realizó ventas de terrenos ejidales y municipales a la trasnacional.

La Sra. Rosaura Loredo Loredo, postulada por el partido político estatal Conciencia Popular, fue abiertamente financiada por la MSX. El actual Secretario General del Ayuntamiento, Víctor Gutiérrez Márquez, es también trabajador de la MSX.

GOBIERNO DEL ESTADO

Como es sabido, el Gobernador del Estado, Marcelo De los Santos Fraga, ha actuado como abierto gestor de la empresa. En sus declaraciones se ha deslindado de los permisos argumentando que son competencia federal, sin embargo ha asumido una actitud de pasividad y complacencia ante recientes acontecimientos como las detonaciones del 11 de enero, las cuales se realizaron sin que la Dirección de Protección Civil del Gobierno del Estado haya dado los permisos correspondientes, o supervisado, o realizado las investigaciones correspondientes. El Gobernador, en reuniones sostenidas con integrantes del Frente Amplio Opositor a la instalación de la MSX, ha asegurado que dicha Dirección no ha otorgado los permisos correspondientes para las explosiones, pero en los hechos ha permitido la acción impune de la empresa.


ULTIMOS ACONTECIMIENTOS


En los recientes tres meses, de noviembre a enero, la MSX ha realizado una frenética actividad de depredación en la zona realizando los últimos preparativos para dar inicio a la explotación del lugar. Ha trazado caminos, levantado terraplenes, construyó un puente que comunica la zona de los patios de lixivación con el lugar donde realizará las explosiones, ha barrenado la zona, derruido varios cerros para dar paso a la maquinaría y los caminos ha concluido las piletas para la lixivación con cianuro, y prácticamente ha destruido la ladera poniente del histórico Cerro de San Pedro. Todo lo anterior con la abierta complacencia y pasividad de las autoridades federales, estatales y municipales. Nunca antes, había realizado actividades de tal magnitud, todo ello a pesar de existir la resolución judicial desde el 5 de octubre de 2005 el Pleno del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, ordenando a la SEMARNAT a suspender y retirar los permisos a la MSX, como ya se explicó antes.

El pasado 11 de enero realizó detonaciones que provocaron un alud de rocas de varias toneladas que cayeron sobre los accesos al poblado, destruyendo instalaciones eléctricas, el servicio de agua potable y dañando algunas construcciones. Las detonaciones se hicieron sin previo aviso a la población, y sin supervisión alguna de la Dirección de Protección Civil del Gobierno del Estado, o de la SEDENA. El propio Gobernador del Estado reconoció en reunión posterior que dicha Dirección no ha emitido autorización a la empresa para realizar las detonaciones. Las medidas de seguridad de la empresa, se vieron rebasadas ya que el alud de rocas rompió las barreras de contención instaladas para la supuesta seguridad del poblado.

Ver las noticias de diarios locales sobre las detonaciones:
HYPERLINK "http://www.pulsoslp.com.mx/Archivo/Vernota.asp?Id=697&Fechas=
20070113&NP=1&Paginas=SLP&Frase=??&rsu" http://www.pulsoslp.com.mx/Archivo/Vernota.asp?Id=697&Fechas=20070113
&NP=1&Paginas=SLP&Frase=??&rsu=

HYPERLINK "http://www.lajornadasanluis.com.mx/2007/01/13/" http://www.lajornadasanluis.com.mx/2007/01/13/

Declaraciones de la empresa minimizando lo sucedido

HYPERLINK "http://www.pulsoslp.com.mx/Archivo/Vernota.asp?Id=858&Fechas=
20070114&NP=3&Paginas=SLP&Frase=??&rsu" http://www.pulsoslp.com.mx/Archivo/Vernota.asp?Id=858&Fechas=
20070114&NP=3&Paginas=SLP&Frase=??&rsu=

HYPERLINK "http://www.lajornadasanluis.com.mx/2007/01/14/pol2.php" http://www.lajornadasanluis.com.mx/2007/01/14/pol2.php


Tenemos información de que el pleno de la Sala Superior de Justicia Fiscal y Administrativa prepara la orden que cancelaría en forma definitiva el funcionamiento de la empresa MSX. Un indicativo de ello es que el 14 de febrero de este año se admite a tramite diverso juicio de amparo No.60/2007-A promovido ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa con sede en el Distrito Federal. Dicho amparo es promovido por los apoderados jurídicos de MSX encabezados por Gabriel Barreda Tejeda, impugnando la instauración de recurso que se planteó contra de la ilegalidad del nuevo permiso a MSX. Este amparo no obtiene siquiera la suspensión del acto. Desde nuestra óptica, se trata de una medida de la empresa pues el Pleno de la Sala del Tribunal ha planteado solamente dos escenarios de su resolución uno que establece una reposición procesal y el acatamiento de SEMARNAT de la sentencia del 10 de octubre del 2005 que estableció claramente lineamientos legales contra MSX y la otra línea que establece que deberá declararse nulo de pleno derecho cualquier autorización a MSX. Sin embargo, y mientras tanto, la depredación de la zona no se detiene pues las máquinas trabajan sin parar día y noche en la zona y la destrucción del histórico cerro de San Pedro es muy avanzada. La MSX continua tales actividades destructivas sin acatar la suspensión ordenada por el Juez Tercero de Distrito en el juicio de Amparo 630/2004 contra cualquier tipo de permiso que se les uniera otorgado. Sus actividades se producen por la vía de los hechos en el más absoluto desacato de las resoluciones judiciales y con la abierta complacencia y pasividad de las autoridades federales, estatales y municipales. Es conveniente considerar que el permiso ilegal del 10 de abril del 2006, nunca a sido declarado firme y definitivo.

Los días 3 y 4 de marzo se realizó, como cada año con ocasión de la fundación del histórico poblado, el VI Festival Cultural de Cerro de San Pedro organizado por el Frente Amplio Opositor a la instalación de la MSX (FAO), el cual fue abiertamente boicoteado por la administración municipal, que con apoyo del Gobierno del Estado organizó un festival paralelo en una abierta provocación a los organizadores y asistentes al evento. Solo a través de la exigencia de los organizadores de un operativo de seguridad que no estuviera a cargo del Municipio, y de la solicitud de medidas precautorias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se evitó que hubiera un enfrentamiento de consecuencias lamentables.




Martín Faz Mora

Frente Amplio Opositor a la instalación de la MSX



Tel: 045 (444) 125 56 51

Que FeCal quiere implantar la cadena perpetua en México

Gerardo nos envía la siguente información:

Estimad@s colegas:

Les anexo documento crítico sobre las iniciativas de Felipe Calderón en materia de seguridad y justicia.

Es muy importante que abordemos estos puntos y generemos un debate nacional informado, además del cabildeo necesario, porque si no nos van a aplastar.

Un abrazo y espero su amable respuesta

Atte,

www.redesciudadanasleon.blogspot.com

Este es el documento que nos anexa:

POR QUE NO SE DEBE APROBAR LA CADENA PERPETUA EN MEXICO

Por Raúl Ramírez Baena
Presidente de la Comisión Ciudadana de
Derechos Humanos del Noroeste, AC

".. la ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía...". Carta dirigida a PanchoVilla por Emiliano Zapata, 1919

Felipe Calderón anunció el envío al Congreso de una iniciativa de reformas al sistema de seguridad y justicia del país para implantar la cadena perpetua, unificar los códigos penales y –ojo- ampliar las facultades legales a la PGR a fin de que pueda realizar detenciones, cateos, intervenciones telefónicas y arraigos sin la autorización de un juez, en investigaciones relacionadas con delincuencia organizada.

El ampliar las facultades a la PGR es muy parecido a aquella USA-Patriot Act aprobada al presidente Bush después del 11 de septiembre del 2001. Se legaliza la puesta en práctica de criterios racistas y xenófobos en la detención de personas supuestamente vinculadas a organizaciones "terroristas", y recorta considerablemente las libertades civiles bajo el pretexto de garantizar la "Seguridad Nacional".

Antecedentes inmediatos sobre la Cadena Perpetua en México

El artículo 22 Constitucional prohíbe “cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”. Aún así, el 29 de noviembre del 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la jurisprudencia que permite la extradición de narcotraficantes mexicanos a los EUA modificando dos tesis que estaban vigentes desde 2001. La primera, señalaba que la cadena perpetua es una pena inconstitucional en México; la segunda, que para autorizar una extradición, el gobierno de México tenía que exigir al país solicitante la garantía de que no impondría prisión vitalicia al reo.

Los criterios de la Corte y los principios constitucionales se convirtieron en los últimos años en un obstáculo casi imposible de superar para la entrega de capos mexicanos requeridos por las autoridades estadounidenses. Un asunto más bien político.

“La prisión vitalicia no constituye una pena inusitada, inhumana ni cruel, por lo que para tramitar aquella, no es necesaria que el Estado solicitante se comprometa a no aplicarla o imponer una menor prevista en su legislación”, dice la nueva tesis aprobada, que además abre las puertas a la aplicación de la cadena perpetua en México.
Este fue el argumento jurídico en que basó Felipe Calderón la extradición de capos mexicanos a los EUA en enero pasado para complacer a las autoridades del vecino país.
¿Cómo nació esto? En el año 2001 el clamor popular en Chihuahua, estado que se ha visto ensombrecido por las muertes de mujeres en Ciudad Juárez, levanto la voz para que el Congreso local tomara cartas en el asunto. Los legisladores, bajo ese interés popular y sin medir las consecuencias de sus actos, establecieron penas inusitadas a ciertos delitos como narcotráfico, secuestro, homicidio con agravantes de ley y parricidio. Entonces, la minoría legislativa de ese Estado promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, con los resultados ya conocidos.
Los principios Constitucionales y la cadena perpetua

El artículo 18 de nuestra Carta Magna, vigente, dice: “Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizaran el sistema penal (…) sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente (....). Los sentenciados (…) podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de readaptación social”.

Como se observa, el constituyente y la reforma en 1965 no querían a los mexicanos en la cárcel, sólo como recurso extremo. De ahí que, con su resolución, los ministros rompen con una sana tradición humanista e histórica de nuestras ideas constitucionales.
Siendo el ejemplo Chihuahua con sus reformas al código penal, que fueron sometidas a controversia constitucional con la desafortunada decisión de los Magistrados, queda claro que en el ámbito federal y local, las autoridades que deseen imponer condenas que sumadas den más de 100 años se considera prisión vitalicia, o de plano imponer la cadena perpetua, y solo habrá que hacer las reformas a los códigos penales.
La reforma constitucional del artículo 22, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2005, quedó como sigue: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales” (los subrayados son nuestros). A menos que hubiera motivaciones contrarias a los principios de la Carta Magna, no debería haber duda entonces que la cadena perpetua es una pena inusitada y trascendental.

Menosprecio de la Suprema Corte de Justicia a los Tratados Internacionales

La aberrante jurisprudencia de la Corte en materia de prisión vitalicia (que aprovecha ahora Felipe Calderón para promover su iniciativa sobre cadena perpetua), viola los principios universales de irreversibilidad y progresividad de los derechos humanos y los de readaptación y reinserción social de los infractores que merezcan pena corporal, que recogen profundos sentimientos e ideales del humanismo.

Por ello, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice en su artículo 10, fracción 3 que: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. El artículo 5, fracción 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice, por su parte: “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados” (los subrayados son nuestros).

A pesar de todo lo que se diga y de la jurisprudencia referida, México debe abstenerse de implementar la cadena perpetua. Si no, ¿qué sentido jurídico, político, ético, moral y social tendría el adoptar estos y otros tratados si en los hechos no se cumplen?

Por su naturaleza jurídica, los tratados internacionales son vinculatorios, es decir, de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano. Una vez ratificados por el Senado y publicados en el Diario Oficial de la Federación, son “la Ley Suprema de toda la Unión” (artículo 133 Constitucional).

Sin embargo, contrario a la tendencia mundial de colocar jurídicamente los tratados internacionales por encima de las Cartas Magnas, o bajo el principio de progresividad (aplica la norma que beneficie más a las victimas), habrá que recordar que la Corte resolvió la Tesis jurisprudencial 192,867 del 11 de mayo de 1999, cuyo título es: "Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal". Grave decisión.

La corta e inútil visión punitiva

Las ideas punitivas proliferan entre la población y el sector empresarial por temor, miedo, enojo e impotencia ante el avance de la inseguridad y el crimen. La población reacciona así también por el desconocimiento de sus derechos. Por su parte, los gobernantes hacen esas propuestas para encubrir su ineficiencia y desviar la atención.

En Baja California, desde hace más de un año, el gobernador Eugenio Elorduy Walther intentó poner en marcha reformas al Código Penal estatal para implantar la cadena perpetua, y hoy lo anuncia de nuevo. También, el diputado local panista Urbano Chávez hace lo propio y va contra violadores, secuestradores que maten y mutilen a sus víctimas y terroristas, convencido de que las sanciones que establece la ley tienen el claro propósito de castigar y no de rehabilitar. Esta iniciativa cuenta con la bendición del Arzobispo de Tijuana, Don Rafael Romo Muñoz.

En plena campaña electoral local, diputados como Guilermo Aldrete Haas, dirigente del PRI y el ex perredista Jaime Xicotécatl Palafox, también candidato a la alcaldía de Ensenada, así como Carlos Barbosa Castillo, candidato a diputado local, estos dos últimos por la coalición PRI-PVEM-Partido Estatal de Baja California, resaltan las bondades de la iniciativa del gobernador. Habría que esperar que el Congreso de BC no vote en este año una iniciativa a favor de la cadena perpetua, sólo para evitar el rechazo popular en las urnas a aquél partido o candidato que ose estar en contra de tal medida.

En un razonamiento lógico, preguntémonos: De aplicarse la medida, ¿cuáles serían las motivaciones de un reo sentenciado a cadena perpetua para regularizar su educación básica, estudiar una carrera técnica, trabajar y rehabilitarse en el consumo de drogas al interior de una cárcel? ¿Qué incentivos tendría si se le quita la oportunidad de arrepentirse y reintegrarse a la sociedad y a su familia como hombre o mujer de bien?

En México y en el mundo, la readaptación social es el eje rector del Sistema Penitenciario. Que esté en grave estado de descomposición es otra cosa. Entonces, antes que la cadena perpetua, los gobernantes y legisladores deberían impulsar una profunda reforma y reestructuración del Sistema Penitenciario.

El origen de la inseguridad y el crimen

El pueblo quiere que se castigue con todo el peso de la ley a los delincuentes, y es de reconocer que hay que hacer algo urgente y contundente. De eso no hay la menor duda. Pero hacernos creer que con la cadena perpetua se acabarán o disminuirán los delitos de secuestro agravado u otros delitos no es más que otro mito mediático de corte populista, al igual que la “solución” militar a los crímenes violentos y el narco.

Los delitos graves van asociados a la imposición del modelo neoliberal, que es una fábrica de pobres. Los programas de Ajuste Estructural de la Economía no son otra cosa más que la privatización de todo, hasta de los derechos humanos, y el papel del Estado pasa a una función meramente “normativa” o de “administración de conflictos”, ya no de garante de los Derechos Humanos, incluidos los derechos sociales.

El crecimiento alarmante de la inseguridad y el criminen se debe, en parte, al retiro gradual del Estado de sus responsabilidades directas, dejando las bondades y los beneficios futuros a la llegada de más inversión extranjera directa, como es el proyecto prioritario de Calderón, el autollamado “Presidente del Empleo”. Tal fenómeno provoca que esos vacíos sean llenados, entre otros, por el crimen organizado, que cuenta con mayores recursos, armamento, tecnología, capacidad organizativa multinacional para evadir la acción de la justicia, para infiltrase en las áreas claves de gobierno y en el sistema financiero nacional e internacional, para abrir mercado a las drogas, etc.

¿Y nos hacen creer que todo esto se va a acabar con el Ejército y la cadena perpetua?

Conclusiones

Las resoluciones tomadas por los ministros de la Corte son inapelables e inatacables, pero no necesariamente legitimas ni justas, más aún cuando el Poder Judicial no ha dado muestras firmes de independencia y de una verdadera impartición de la justicia.

Si la sociedad permite la aprobación de reformas para establecer la cadena perpetua a los secuestradores, ampliar las facultades a la PGR, etc., ¿qué sigue? ¿Hasta dónde llegará la irracionalidad colectiva y oficial, la visión pragmática, frívola y punitiva del delito que hoy se impone y que provoca, por si fuera poco, la criminalización de los pobres, de los jóvenes y de los inconformes sociales?

Aceptar la cadena perpetua es abrir la llave a otras medidas similares o peores en el corto y mediano plazo; es la limpieza social, el suicidio colectivo de una sociedad alienada que no sabe exigir sus derechos. Es tolerar que se encubran las causas de la delincuencia y la criminalidad, como de la corrupción y la impunidad.

Lamentablemente –y era de esperarse-, el crimen le tomó rápidamente la medida a los operativos y a las Fuerzas Armadas. Me permito prever que la cadena perpetua, si se impone en el país (espero equivocarme), demostrará a largo plazo su ineficacia para inhibir el crimen.

A este paso, Baja California podría ser el primer estado en aplicar la cadena perpetua. Por lo pronto, Chihuahua ya está autorizado para imponer la prisión vitalicia.

La justicia de Calderón está en entredicho. Desde la campaña presidencial hasta hoy, no ha mostrado un compromiso y una posición definida a lado de los Derechos Humanos.

Al rato seguimos con más correos.

FeCal entiende:EL PUEBLO NO ES TONTO!!!