OTRO ATENCO

Miguel Ángel Granados Chapa
La PFP, de Atenco a Oaxaca

La PFP está en Oaxaca en apoyo del gobernador Ulises Ruiz, aunque el gobierno federal se empeñe en sostener lo contrario. Está abierto por lo tanto el riesgo de que sus agentes y mandos repitan las conductas desplegadas en Atenco
Ya que es impropio hablar de los ausentes, no dilucidaré por ahora si el presidente Fox -que se encuentra en Montevideo, en su última cumbre iberoamericana- es distraído, carece de información o se dejó atrapar por la mala fe. El hecho es que, antes de ordenar la ocupación policiaca de Oaxaca, predijo que el conflicto en esa entidad terminaría bien, como Chiapas y Atenco. Al referirse a este municipio mexiquense, supongo que Fox recordaba la decisión de no construir en Texcoco el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a causa de la protesta de los habitantes del vecino San Salvador Atenco. Precedido de un pésimo manejo político, por el desdén con que se imaginó a los afectados por las expropiaciones correspondientes, el caso pudo haber evolucionado hasta una tragedia de gravísimas proporciones, de haberse el gobierno empecinado en un proyecto que suscitó la enérgica oposición de innumerables pobladores, que blandieron machetes convertidos de instrumentos de trabajo en armas.

Supongo que a ese Atenco se refirió el Presidente al presentarlo como ejemplo de buena solución. Sería el colmo que la situación que considera modelo sea la ocurrida hace exactamente seis meses en esa cabecera municipal mexiquense, porque al contrario lo ocurrido allí el 4 de mayo debería ser tenido como conducta a evitar. Aquel jueves, hace un semestre, la Policía Federal Preventiva, así como la Agencia de Seguridad Estatal, protagonizaron uno de los episodios más vergonzosos en la historia del orden público mexicano. Nadie en sus cabales soslaya la importancia, ni cohonesta la actitud violenta asumida en la víspera de aquel día infausto por activistas que, luego de impedir la vigencia de ordenamientos municipales texcocanos, sacaron de ese lugar el conflicto, cancelaron el paso en la carretera Lechería-Texcoco y practicaron una resistencia que en más de un momento se convirtió en guerra de agresión a la fuerza pública: Nadie olvidará la golpiza, cruel e innecesaria -convenientemente propagada a través de la televisión, por lo demás- que activistas asestaron a un agente de la autoridad. Pero ningún exceso o delito de particulares justifica y ni siquiera explica la aterradora actuación de las policías local y federal en aquel acontecimiento, que ahora ha sido expuesta pormenorizadamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Recomendación 38/2006, dirigida al secretario federal de Seguridad Pública, al gobernador del estado de México y al director del Instituto Nacional de Migración.

El extenso documento, compuesto principalmente por 212 expedientillos referidos a igual número de personas que padecieron violaciones a sus derechos humanos, refiere no sólo las atrocidades de los cuerpos policiacos contra activistas y otras personas ajenas al conflicto, sino que se denuncia también que en las primeras horas del 4 de mayo "elementos de la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública impidieron el libre tránsito a los visitadores adjuntos" de la CNDH, "para ingresar al lugar en el que se llevaban a cabo las detenciones y dar fe de los procedimientos que implementaban los cuerpos policiacos".

Puesto que la PFP está en Oaxaca en apoyo del gobernador Ulises Ruiz, aunque el gobierno federal se empeñe inútilmente en sostener lo contrario, y está abierto por lo tanto el riesgo, que ya ha comenzado a actualizarse, de que sus agentes y sus mandos repitan las conductas que desplegaron en Atenco, en este resumen de la recomendación subrayo lo relativo a esa corporación policiaca. Eso no implica, en modo alguno, cohonestar la actuación de las policías locales, en especial de la Agencia de Seguridad Estatal, encabezada por el almirante Wilfrido Robledo, uno de los fundadores de la PFP, cuyos agentes protagonizaron los repugnantes ataques y vejaciones a 23 mujeres, a bordo de vehículos oficiales.

En Atenco estuvieron presentes 700 miembros de la Policía Federal Preventiva, y 67 resultaron heridos. A su vez, alguno de esos agentes provocó uno de los dos peores resultados de aquellas jornadas, la muerte de Alexis Benhumea, un muchacho en cuyo cráneo dio una bomba de gas lacrimógeno, que le provocó un traumatismo por el que perdió la conciencia y finalmente la vida, varias semanas después. Un ataque semejante, procedente de un arma similar, causó hace una semana la muerte del enfermero Jorge Alberto López Bernal, miembro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

En sus observaciones, la CNDH recuerda el principio elemental de que "la intervención de la fuerza pública está sometida a límites precisos, pues sólo puede realizarse en el marco de la legalidad y respetando los derechos de las personas; por lo que, cuando la autoridad ejerce su labor desbordando sus atribuciones y traspasando sus límites, se convierte en un nuevo factor de violencia que contribuye a agravar la situación en lugar de resolverla, y en virtud de esto, la actuación de los elementos de la policía debe estar regida por los principios de legalidad, congruencia, oportunidad, proporcionalidad y no discriminación. Así, resulta claro que la finalidad buscada por la fuerza pública consiste en prevenir la comisión de un delito o detener al infractor, por lo cual la desviación en dicho cometido generaría un uso desmedido del poder público".

La CNDH explica a los funcionarios a quienes se destina la Recomendación el contenido de esos principios:

"La legalidad... se refiere a que los actos que realicen dichos funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley deben estar expresamente previstos en las normas jurídicas. La congruencia es la utilización del medio adecuado o idóneo que menos perjudique a la persona y a la sociedad. La oportunidad consiste en que los funcionarios deben actuar inmediatamente, con su mejor decisión, rapidez y eficacia cuando la vida u otro bien jurídico de alto valor estén en grave o inminente peligro y no haya más remedio que neutralizar con la fuerza o con las armas. La proporcionalidad, por su parte, significa la delimitación en abstracto de la... adecuación entre medio y fin en las hipótesis imaginables de uso de fuerza y armas de fuego y la ponderación de bienes en cada caso concreto".

La Recomendación 38/2006 pide al secretario de Seguridad Pública, respecto de los hechos consumados, que dé vista al Ministerio Público federal "a fin de que se inicie la averiguación previa que proceda por la comisión de ilícitos penales en que, de acuerdo con las evidencias de este asunto, probablemente incurrieron los elementos de la Policía Federal Preventiva", así como que "se instauren... los correspondientes procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de los servidores públicos que entorpecieron las labores de investigación de esta Comisión Nacional al proporcionar información contraria a la verdad histórica de los hechos". En un plano más general, y con miras a evitar que se repitan las conductas del mayo atenquense, la CNDH recomienda al secretario Eduardo Medina Mora instruya "a quien corresponda" para establecer "ejes y acciones para la adecuada prevención del trato cruel y/o degradante, así como de tortura, a través de la capacitación de los elementos de la Policía Federal Preventiva, extendiendo dicha capacitación a los elementos que en vía de apoyo y colaboración sean comisionados a esa Secretaría a su cargo y a la Policía Federal Preventiva, por cualquiera otra dependencia de seguridad pública".

Tal como hicieron el domingo pasado, las autoridades se ufanaron en mayo de haber realizado una operación limpia, con saldo blanco. Para sostenerse en su dicho, en aquel caso negaron las evidencias en contra que, sin embargo, se han abierto paso hasta imponerse, como se aprecia en esta Recomendación. En Oaxaca la PFP se comporta como lo hizo en Atenco. Para presentar un caso concreto, refiero la arbitraria detención de Daniel Gildardo Mota Figueroa, un reportero detenido sin causa el lunes, segundo día de la presencia federal en Oaxaca. Sin mayor motivo que observar el despliegue de la PFP fue detenido en el Parque del Amor, golpeado a bordo de un vehículo de esa fuerza que lo condujo a la zona militar, donde actuaba el Ministerio Público y de allí al penal de Tlacolula. Habiéndolas padecido él, se le va a enjuiciar por lesiones, que a nadie causó.


Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

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Ulises, FeCal, Fox entiendan: EL PUEBLO NO ES TONTO!!!