LAS NOTAS CON TEMA OAXACA DE PROCESO

La APPO por dentro
Rosalía Vergara, José Gil Olmos y Pedro Matías

Si bien el gobernador Ulises Ruiz detonó con sus agravios la formación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, este conglomerado de organizaciones sociales ya desarrolló un eficaz sistema de comunicación y resistencia basado en su cultura comunitaria. Ahora sus dirigentes pretenden impulsar un cambio en la forma de gobernar el estado, pero advierten que si la administración federal sigue en la lógica de la confrontación, pondrá en riesgo a sus instituciones, comenzando por la PFP...

OAXACA, OAX.- Desde el domingo 29, cuando la Policía Federal Preventiva (PFP) estableció retenes en la carretera 190 al Istmo, en Zaachila y en el Puente de Guelatao, y entró a la capital del estado para “reestablecer el orden”, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) sorprendió con su capacidad para enfrentarla y, de hecho, la obligó a replegarse.

En cinco meses del movimiento social –que comenzó con demandas magisteriales, se amplió para exigir la renuncia del gobernador Ulises Ruiz y que ahora planea su congreso constitutivo–, la APPO dejó de ser sólo una muchedumbre que grita consignas, marcha por las calles y se planta en el Zócalo. Se trata de una agrupación de autodefensa bien estructurada, que ya planea la transición democrática en su estado.

Para conseguirlo, la APPO ha recogido las formas históricas y tradicionales de organización popular, ya sea para convocar a sus reuniones o para alertar sobre los ataques de sus adversarios.

Por ejemplo, las barricadas instaladas tras la represión del 14 de junio: Ricardo Flores Magón, el revolucionario oaxaqueño, escribió que “la barricada del pueblo era la respuesta a la trinchera militar” (periódico Regeneración, 20 de noviembre de 1915). Y el Ejército Popular Revolucionario (EPR), en su comunicado del pasado 1 de noviembre, dice que “son sinónimo de resistencia civil, pero también de gran enseñanza histórica para los tiempos venideros; son ya escuela revolucionaria para el movimiento popular”.

Los cohetones, que tradicionalmente se usan en las fiestas del pueblo, ahora se utilizan como señal de alarma: la explosión de uno significa que se debe estar alerta; dos, que se detectaron movimientos inusuales; y tres, que hay una agresión.

Pero también sirven directamente para la defensa, y en forma tan eficaz que han provocado la sospecha de que son enseñanzas de la guerrilla urbana. Las bazucas caseras que antes se dirigían al cielo para lanzar fuegos artificiales, ahora apuntan hacia el frente.

Hay dos versiones del arma. Las fijas miden hasta un metro y en medio tienen dos asas que se apoyan en un tripié; las otras son aún más artesanales pero igualmente efectivas, con la ventaja de que son portátiles. Niños y adolescentes saben cómo fabricarlas.

Las bombas molotov, usuales en las luchas insurgentes, se fabrican con asombrosa rapidez en las barricadas con una botella de vidrio, que se llena hasta la mitad con gasolina y se le coloca una mecha.

Con la misma facilidad se elaboran los petardos o “coyotas”: se utiliza un poco de pólvora, ácido muriático, navajas, clavos y tachuelas, se envuelven con papel aluminio y luego con cinta adhesiva. También se les pone mecha.

Sin embargo, los dirigentes de la APPO rechazan que el uso de esos ingenios sea una expresión de guerrilla urbana, como ha propalado el gobierno de Ulises Ruiz. “Nos están invitando a actuar como militares, como si fuéramos un movimiento armado. Y no lo somos”, enfatiza uno de los más visibles miembros de la dirección colectiva de la APPO, Flavio Sosa.

Tanto él como la maestra de base María del Carmen López Vázquez –dirigente de la APPO que ha sido amenazada de muerte junto con sus dos hijas– sostienen que a pesar de que grupos guerrilleros han invitado a la Asamblea a establecer una alianza, ésta es imposible porque la lucha de la organización es pública, legal.

Dicen respetar a quienes optaron por la lucha armada, pero afirman que para la APPO es preferible mantener la movilización social y darle una forma que rebase la coyuntura. “La lucha no se circunscribe a la caída de Ulises Ruiz. A partir de ahí se empezarán a generar los cambios profundos”, dice Carmen López, quien pertenece a la Sección Centro del magisterio.

Sobre esa idea, los dirigentes convocaron a realizar el Congreso Constitutivo de la APPO los días 10, 11 y 12 de noviembre, para definir los estatutos, principios, programa y objetivos de la organización.

En el encuentro se elegirá al primer Consejo Estatal de los Pueblos de Oaxaca y se aprobará un plan de acción.

“A pesar del clima de represión que se cierne sobre el movimiento de los pueblos de Oaxaca, es necesario no detenerse y seguir avanzando en la consecución de los objetivos y la solución de las demandas del pueblo oaxaqueño”, dice la convocatoria.

En el congreso se analizarán los contextos internacional, nacional y estatal, así como la crisis de las instituciones, para definir la reforma del Estado para Oaxaca. Se discutirá también sobre las características del nuevo gobierno, el nuevo Constituyente y la nueva Constitución, entre otros puntos.

Fuerza comunitaria



Cuando el movimiento magisterial trascendió su propio origen se transformó “en una suma de organizaciones que también habían sido agraviadas y que vieron una forma de crear una (sola) organización”, dice el senador por Convergencia, Gabino Cué, quien fuera el secretario técnico de Diódoro Carrasco –hoy senador por el PAN– cuando éste era el gobernador priista de Oaxaca.

El malestar acumulado hacia los gobiernos priistas no había encontrado liderazgos que lo canalizaran en un movimiento articulado. Pero Ulises Ruiz logró unificar incluso expresiones de la oposición que parecían incompatibles y provocó el estallido social del 14 de junio.

Días después, nació la Asamblea Po-pular de los Pueblos de Oaxaca, un ente todavía amorfo que comenzó a atraer organizaciones indígenas, civiles y de derechos humanos, de autoridades municipales y agrarias, sindicales, estudiantiles e incluso católicas.

Y es que la nueva agrupación se sustenta en tres pilares culturales: la asamblea, donde el poder lo tiene el pueblo y la autoridad obedece las decisiones de la comunidad; la guelaguetza, palabra zapoteca que significa “don de dar” y que simboliza la solidaridad, el acompañamiento, la ayuda; y el tequio, una forma de trabajo comunitario no remunerado.

Inicialmente se dijo que la APPO fue una creación del magisterio, porque su columna vertebral son los profesores y fue su movimiento el que le dio origen. La versión no está lejos de la realidad: muchos de los dirigentes forman parte de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y tienen fuertes vínculos políticos con organizaciones sociales; otros profesores son presidentes municipales o líderes de colonos, de barrios y de otras organizaciones.

Así, la Asamblea comenzó a definir su identidad con las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas de Oaxaca, que siguen vigentes al menos en los 418 municipios del estado que se rigen por el sistema de usos y costumbres.

Ahí es el pueblo, a través de una asamblea comunitaria, quien elige a sus autoridades y organiza los trabajos que se realizan. Si los mandos no respetan la decisión de la asamblea, son destituidos y sometidos a un juicio popular para sancionarlos.

Todos los habitantes de esas poblaciones están obligados a contribuir con su tequio (jornadas de trabajo no remuneradas) en obras que benefician a la comunidad, y a quien no participa se le niegan algunos servicios. El pasado 15 de septiembre, cuando la APPO convocó al pueblo a limpiar el Zócalo y a adornarlo para las fiestas patrias, se recurrió a esta forma de trabajo comunal.

En cuanto a la guelaguetza, el movimiento popular no ha sufrido el desabasto de alimentos porque las comunidades se encargan de proveer a los manifestantes. Por el contrario, los líderes han intentado mesurar el apoyo material que reciben de la población, incluidas las llamadas Comunidades Eclesiales de Base.

De esta manera, los usos y costumbres de los pueblos indígenas se transformaron en la plataforma del mayor movimiento social de Oaxaca, mismo que ha logrado apoyo en por lo menos 20 veinte estados de la República y en algunas comunidades de migrantes oaxaqueños en Estados Unidos.

Esa es la trama social que está detrás de las piedras, resorteras, canicas y hondas, la que empuña palos y arroja cohetones. Esos son los inconformes a los que iban a “poner en orden” las fuerzas federales enviadas por el presidente Vicente Fox.

Ataque fracasado



Desde que los militares y la PFP entraron a la capital de Oaxaca, se dedicaron a montar operativos de “limpieza”, entendida como la destrucción de barricadas.

Se instalaron en el Zócalo y luego salieron a los alrededores. No tuvieron problemas porque los miembros de la APPO decidieron no confrontarse con los efectivos federales. El miércoles 1 incluso dejaron entrar a la prensa para que fotografiara el desalojo de Brenamiel, la barricada más grande de la ciudad y donde estaban apostados los militantes más aguerridos en la toma de camiones, el cierre de dependencias, las pintas contra Ulises Ruiz y los enfrentamientos con la policía estatal.

Pero a fin de cuentas se cumplió la premonición de un miembro de la APPO, que pidió el anonimato: el jueves habría “fiesta”.

Fue por la tarde, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Algunos dicen que la PFP dio el primer paso al arrojar gases lacrimógenos contra los integrantes de la APPO; otros, que un grupo de provocadores les arrojó cohetones a los policías.

Alrededor de las 13:00 horas comenzó el mayor enfrentamiento. La PFP arremetió contra las barricadas con camiones y utilizó las ya famosas tanquetas. Sus tropas llevaban armas y equipo antimotines; pero sobre todo agotaron su provisión de gases lacrimógenos contra los inconformes. Éstos los repelieron con piedras, canicas y tuercas arrojadas con resorteras. Además, utilizaron bombas molotov, palos y tubos.

El choque duró casi siete horas, hasta que la PFP se replegó.

Y es que en la APPO se suma la experiencia de organizaciones radicales –como el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep) y la Promotora Nacional Contra el Neoliberalismo–, con la de otras moderadas – la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh), Nueva Izquierda de Oaxaca (Nioax)–, así como estudiantes, maestros, trabajadores e incluso amas de casa.

Dicha experiencia se reflejó en las formas de defensa que desplegaron el jueves. Pero también innovaron.

En Plaza Cristal Chedraui los inconformes opusieron resistencia a decenas de policías apoyados por dos tanquetas antimotines y por un francotirador que disparó una vez. Dividía a los dos bandos una barricada hecha con palos, los cuales estaban entrelazados en una forma que no se había visto antes, a fin de que aguantaran los embates.

Luego, las campanas de las iglesias Cinco Señores y Siete Príncipes comenzaron a repicar con insistencia. Mucha gente respondió a ese llamado y reforzó las barricadas en avenida Universidad, a un costado de la entrada principal a la UABJO. Incluso, los inconformes colocaron frente a la valla de uniformados, en plena confrontación, una barricada improvisada con dos postes de luz, carcasas de coches, tanques de gas, troncos y ramas encendidos, mientras transportaban rocas y bombas molotov.

Por su parte, la PFP aplicaba métodos militares para lanzar gases lacrimógenos y bombas “aturdidoras” desde los helicópteros FP 305 y FP 306 que sobrevolaban la zona.

Los integrantes de la APPO trataban de mermar la quemazón en la piel, el ardor de ojos y el lagrimeo, así como la asfixia y las náuseas que provocaban los gases, colocándose en el rostro paliacates empapados de coca cola o vinagre.

El fracasado operativo, a cargo del jefe del Estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas Fosado, y del director estatal de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas, dejó como saldo 10 detenidos y 62 heridos. Entre éstos, los fotógrafos de Proceso Miguel Dimayuga y Germán Canseco. La Limedh afirma que hay personas desaparecidas, pero la autoridad lo niega.

Riesgos mayores



La derrota de una fuerza militar y policiaca a manos de un “movimiento pacífico” tiene un gran alcance, considera Flavio Sosa.

El paso siguiente, dice, es que con permiso de la jerarquía católica se entable en la Catedral de Oaxaca “un ejercicio de diálogo que nos ayude a dilucidar cuáles son los caminos para lograr la paz y la reconciliación, y las transformaciones sociales, políticas y jurídicas para Oaxaca en el corto plazo”.

En cuanto a los retenes militares alrededor de la capital del estado, los califica como un error más del presidente Vicente Fox. “Los militares van a salir derrotados, saldrán huyendo. (Fox) está poniendo en juego la vigencia de la PFP como institución, porque puede haber una tragedia en Oaxaca por una provocación montada por Ulises Ruiz”, explica.

“La gente no se va a quedar quieta y pueden sufrir una derrota militar. Son 4 mil y el movimiento de masas moviliza 800 mil personas en el estado”, advierte. Por eso, le parece “increíble” que se llegue a la confrontación sólo porque el gobierno federal no pudo pactar con los grupos de poder la salida de Ulises Ruiz del gobierno estatal.

Para la profesora María del Carmen López Vázquez, después de la caída de Ulises Ruiz, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca “se convertirá en la asociación que garantice el cumplimiento de los anhelos, de las aspiraciones del pueblo de Oaxaca” tras su Congreso Constitutivo.

Sus dirigentes pretenden hacer políticamente viable el cumplimiento de los reclamos de la sociedad, el cambio en su sistema de vida y de gobierno, lo mismo que el combate a la desigualdad, la pobreza, marginación y la falta de servicios “que hoy es una situación flagrante en el estado”.

Por eso López Vázquez critica lo que llama la campaña mediática contra la APPO, mediante la cual se pretende involucrarla con la guerrilla o el narcotráfico. Con estas acusaciones, indica, las autoridades del estado y las federales “quieren crear un ambiente para justificar la represión contra nosotros con el Plan Hierro. Y no van contra mí, sino contra toda mi familia, mis hijas. Vivimos clima de mucho peligro, de violencia profunda en Oaxaca”
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Necedad caciquil
Rosalía Vergara, Pedro Matías y José Gil Olmos

Insólitamente aferrado al poder en un estado que se llena de muerte, Ulises Ruiz obtuvo la gubernatura de Oaxaca como premio a su fidelidad a Roberto Madrazo, dicen sus opositores. Y desde el principio se mostró igualmente fiel al modelo de su preceptor: combinó “diálogo” y represión. El resultado: este conflicto, que ni el gobierno federal puede parar.

OAXACA, OAX.- Cuando era candidato, Ulises Ruiz se promovía hasta el último rincón de su estado como el “Benito Juárez del siglo XXI” y aseguraba que si ganaba la gubernatura, la democracia llegaría por fin a la entidad y la pobreza se acabaría...

Pero apenas transcurrió el primer año de su gestión, los conflictos políticos, agrarios y sociales aumentaron. En ese período su gobierno se tiñó de sangre por la muerte de al menos 25 personas, la detención violenta de 600 ciudadanos, las heridas a otros 40, las amenazas contra 13 personas más y el exilio del profesor Raúl Gática, quien prefirió irse a Canadá para huir del acoso del mandatario.

Ni la prensa local escapó a su yugo: patrocinó el cierre del periódico Noticias. Voz e imagen de Oaxaca, crítico de su gobierno.

Amigo y operador electoral del excandidato presidencial del PRI Roberto Madrazo desde hace más de diez años, Ulises es calificado por sus opositores y por organizaciones sociales y de derechos humanos como un “cacique” priista a la vieja usanza, que usa el espionaje, la amenaza y la represión para imponer su voluntad.

Víctor Raúl Martínez Vásquez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, describe el estilo del mandatario:

“Poco después de la toma de posesión, el gobernador y su secretario de gobierno mandaron detener al dirigente del Frente Único Huautleco, Agustín Sosa. Después, Ulises pretendió encarcelar a Gabino Cué, lo que originó enormes movilizaciones en defensa del excandidato.”

Añade: “Muchas han sido las organizaciones agraviadas por el régimen de Ulises Ruiz: el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal, siete de cuyos integrantes se encuentran presos, al igual que 69 militantes del Movimiento Ciudadano Juquileño, cinco más del Frente Popular Revolucionario y la profesora Jacqueline Hernández Almaraz, dirigente del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep)”.

En un informe reciente, la Red Oaxa-queña de Derechos Humanos señala que la llegada de Ruiz al gobierno, ocurrida en medio de un gran dispositivo de seguridad y entre denuncias de fraude electoral, lo llevó a actuar “de manera autoritaria desde el inicio de su administración”.

El senador Gabino Cué asegura que “Ulises es peor que (José) Murat. Murat es atrabancado, grosero, pero finalmente fue un poco más prudente”, afirma en entrevista con el reportero Jenaro Villamil.

–¿Prudente a pesar del autoatentado? –se le pregunta.

–¡Imagínese! Si alguien que cometió un autoatentado es más prudente que Ulises, ya tiene la descripción de éste.

Luis Ugartechea, uno de los principales restauranteros de la ciudad, sostiene que el gobernador no ha entendido las necesidades de cambio de la sociedad oaxaqueña. “Al contrario –dice–, decidió mantener el sistema caciquil y corporativista de siempre, y ahora tiene al estado sumido en la pobreza y en un atraso vergonzante”.

Autoritarismo



Al asumir como gobernador, el 1 de diciembre de 2004, Ulises Ruiz desplegó un operativo de represión para evitar las protestas ciudadanas, asegura la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos en su informe. Y de inmediato, dice, cambió la forma y ubicación de los principales símbolos del pueblo oaxaqueño, para demostrar su poder.

Sin tomar en cuenta las protestas de sus gobernados, el controvertido gobernador emprendió diversas obras para modificar la fisonomía de la ciudad de Oaxaca, cuyo centro histórico es considerado por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad: cambió el trazo original de la Plaza de la Constitución y quitó de los edificios históricos la cantera verde; en su lugar mandó poner piedra basáltica, con lo que perdió sentido el nombre tradicional de “la verde Antequera” con el que popularmente se identificaba a esta ciudad.

Una fuente consultada por los reporteros asegura que el gobierno del estado invirtió 700 millones de pesos en la remodelación del Zócalo, casi el equivalente, dice, a la planta de tratamiento de aguas residuales de París.

En la remodelación de la Plaza de la Danza, por ejemplo, donde se sustituyó la cantera verde por cemento, se gastaron 6.6 millones de pesos. Y en las obras del Paseo Juárez El Llano se invirtieron, en la primera etapa, 33 millones de pesos. Ahí se le inyectó cemento a los árboles para secarlos y dejar una plancha de piedra basáltica.

El gobierno de Ulises Ruiz también decidió remodelar la Fuente de las Siete Regiones, otro símbolo de los oaxaqueños, pese a las reiteradas protestas de los ciudadanos. Y continuó con sus obras de relumbrón: abrió “vueltas inglesas” en el crucero de la Volkswagen, en el Instituto Estatal de Educación Pública y en la Escuela de Medicina.

En dos años, su gobierno no ha hecho ninguna obra social de trascendencia. Pendientes están los graves rezagos que mantienen postrada a la entidad: de sus 570 municipios, el 31% son de muy alta marginación y 48% de alta marginación; esto es, el 80% de los municipios carecen de drenaje, energía eléctrica y red de agua potable.

De acuerdo con investigaciones universitarias, Oaxaca es el segundo estado del país con el índice de desarrollo más bajo, y el que ha expulsado hacia otras entidades del país o al extranjero a más de 2 millones de indígenas.

Estadísticas de la Secretaría de Desa-rrollo social indican que el 73% de la población del estado vive en pobreza extrema, es decir, no puede adquirir los productos de la canasta básica porque su ingreso mensual es inferior a 2 mil pesos; el 82% de la población enfrenta la denominada “pobreza de capacidades”, mientras que el 91% carece de vivienda digna.

Ni las tradiciones se han salvado del autoritarismo de Ulises Ruiz. Uno de los mayores agravios al pueblo de Oaxaca fue el cambio de fecha para la fiesta de la Guelaguetza. Otro fue su desdén, el 18 de julio, al aniversario luctuoso de Benito Juárez. Esa vez, el mandatario prefirió realizar la guelaguetza en lugar de rendirle tributo al Benemérito de las Américas.

El caso “Noticias”



Un día antes de su toma de posesión, un grupo de golpeadores ocuparon las bodegas del periódico Noticias. Voz e imagen de Oaxaca. El mandatario convalidó el agravio. Con el pretexto de que existía un conflicto laboral en el diario, Jorge Franco, quien fue secretario de gobierno de José Murat, y el líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), David Aguilar, organizaron a ese grupo para que tomara violentamente las oficinas de Noticias, que no ha desocupado desde entonces.

El caso de Noticias llegó hasta la Co-misión Interamericana de Derechos Hu-manos (CIDH), que en octubre del año pasado envió al gobierno de Ulises Ruiz un documento en el que solicitaba atender el problema del periódico y proteger los derechos laborales de sus 116 trabajadores.

El investigador Martínez Vásquez señala que el mandatario que al principio de su administración dijo que sería el “Benito Juárez del siglo XXI” enfrenta desde hace varios meses manifestaciones de inconformidad en 20 municipios tomados por la oposición, algunos de los cuales exigen su renuncia, al igual que las 300 organizaciones que conforman la APPO. (Con información de Jenaro Villamil.)


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Ulises, FeCal, Fox entiendan: EL PUEBLO NO ES TONTO!!!