NOTAS DEL REFORMA

Normalmente no acostumbro a postear notas del Reforma, pero estas valen la pena:
la primera de Granados Chapa que habla del tribunal y su papel en estos días:

Miguel Ángel Granados Chapa.

Tareas del Tribunal.

El órgano principal de la justicia electoral empieza a abordar los juicios de inconformidad sobre la elección presidencial, que debe resolver a más tardar el 31 de agosto, término que debería emplear al máximo a fin de no festinar el fin de esta etapa crucial del proceso.

Ayer miércoles 16, tres días antes de su fecha límite (el 19 de agosto, según el artículo 69 de la ley de medios de impugnación) la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los recursos de reconsideración relativos a la elección de diputados y senadores.

Si bien no le faltan otras tareas (juicios de revisión constitucional, derivados de las elecciones locales concurrentes, y juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano), ahora la prioridad del órgano principal de la justicia electoral son los 364 juicios de inconformidad relativos a la elección presidencial.

Apenas se está en la etapa de instrucción y es de suponerse que, en cada uno de las decenas de casos a su cargo, los magistrados emplearán todo el término disponible para formular el proyecto de sentencia y someterlo a la consideración de la sala.

El anticipo con que concluyeron su tarea respecto de la elección legislativa debe proveerlos de más tiempo, y no significar que en esa misma proporción (tres días antes del 31 de agosto) cumplirán sus deberes judiciales relacionados con la elección presidencial. "El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración", prescribió el poeta alemán Heine y en este caso el apresuramiento real, y aun la apariencia de apresuramiento, añadirían al cuestionado proceso electoral un poco o un mucho más de suspicacia.

Hay que decir, de paso, que dicha actitud deriva en amplia medida de la ignorancia de la naturaleza de las funciones del Tribunal y de los modos de desahogarlas.

Conviene insistir en que la Sala Superior del Tribunal ejercerá en las siguientes semanas dos clases de atribuciones. Unas corresponden a su carácter de órgano jurisdiccional, y el plazo máximo para realizarlas vence dentro de dos semanas exactas (o de hoy en 15, como decimos), el jueves 31 de este mes. Otras son las propias del órgano constitucional de calificación, necesariamente posteriores a las jurisdiccionales, que consisten en un acto cuantitativo ("el cómputo final... una vez resueltas... las impugnaciones que se hubieren interpuesto") y actos cualitativos, como determinar la validez de la elección, su apego a los principios constitucionales; establecer la elegibilidad del candidato que haya obtenido mayor número de votos y emitir la declaratoria de Presidente electo.

Para ello el Tribunal dispone de un plazo máximo que se agota el 6 de septiembre. Hay quienes consideran conveniente que el proceso esté concluido en su totalidad antes del 1o. de septiembre. Legalmente es posible. Políticamente sería dar nuevas señales de prisa que agravarían la crispación creciente.

Antes de sustanciar 175 juicios de inconformidad, el Tribunal resolvió una cuestión de previo y especial pronunciamiento: ordenó abrir cerca de 12 mil paquetes electorales, a petición de la coalición Por el Bien de Todos.

La decisión judicial significó reconocer dos constantes: que en tan elevado número de actas hubo "errores evidentes" y que esos yerros no fueron advertidos ni reconocidos y por tanto no corregidos en los consejos distritales.

Cada uno de los magistrados atendió peticiones específicas relativas a los juicios de inconformidad que les corresponden, y en consecuencia están recibiendo las actas circunstanciadas de la diligencia de apertura de los paquetes, para incluirlas en el expediente respectivo.

Cada miembro de la Sala Superior ordenó en promedio abrir unos mil 700 paquetes y dispondrá de igual número de actas repartidas en los 20 juicios que, también en promedio, dieron lugar a la sentencia interlocutoria del 5 de agosto, cumplida entre el 9 y el 14 del mismo mes.

Esas diligencias judiciales no se realizaron para obtener nuevos resultados, y por lo tanto practican un regodeo inútil quienes proclaman que nada cambió. Eso se verá cuando los magistrados incorporen ese insumo a su reflexión judicial, en cuyos momentos iniciales nos encontramos apenas.

De las actas circunstanciadas puede resultar la anulación de la votación en casillas. Dos causales -las marcadas con las letras f) y k) del artículo 75 de la ley de medios de impugnación- pueden ser aplicables, pues se refieren a que haya mediado "dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación" o que hayan existido "irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma".

No obstante que es un tribunal de derecho, no de conciencia ni político, la Sala Superior dispone de anchuras para formarse y ejercer sus criterios. Por ejemplo, no sólo puede sino que "deberá suplir las deficiencias u omisiones en los agravios cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos".

Igualmente puede ordenar "diligencias para mejor proveer" que conforme a su propia jurisprudencia son "actos realizados por propia iniciativa del órgano responsable, conforme a sus exclusivas facultades, con el objeto de formar su propia convicción sobre la materia del litigio".

Tales diligencias, ha definido el Tribunal, no causan agravio "a los contendientes en el juicio, habida cuenta que (con ellas) no se alteran las partes sustanciales del procedimiento en su perjuicio, ya que lo hacen con el único fin de conocer la verdad sobre los puntos controversiales".

Cajón de Sastre.
Hoy a las 18:30 horas será presentado el libro La política económica de la Revolución Mexicana, 1911-1924, en el auditorio Arturo Elizundia Charles de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. El autor es Fernando Paz Sánchez, un economista hidalguense que al cabo de una larga y fructífera carrera en el servicio público condensa ahora su energía en la enseñanza y la investigación universitarias. Es ahora coordinador del doctorado en ciencias de la administración. Sobresalió en sus trabajos sobre la actividad rural en nuestro país, entre los cuales cito los libros El campo y el desarrollo económico de México, y La economía agrícola mexicana, ¿sin campesinos? En el libro que hoy se presenta, "el maestro Paz procura demostrar que la Revolución mexicana sí propició cambios importantes y muy positivos que se tradujeron en un mejoramiento sensible en la calidad de vida de la población y dieron paso a un proyecto de nación mucho más justo y promisorio que el ofrecido por el paradigma porfiriano".


La segunda del analista Lorenzo Meyer en la cual reafirma que López Obrador es un peligro para la derecha:

Lorenzo Meyer.

Los ríos subterráneos.

La batalla electoral pone a las capas populares a organizarse políticamente para influir en la agenda nacional. Si el movimiento de López Obrador no se descarrila, podría ser un peligro para la derecha.

Un momento raro.
No son frecuentes los tiempos en que las clases subordinadas, o al menos una parte significativa de ellas, se muestren capaces de intentar una actividad política de largo plazo por su cuenta y riesgo. Posiblemente lo más significativo de la elección del pasado 2 de julio en México termine por ser -y ésta es una mera conjetura, una hipótesis de trabajo- no el resultado mismo de la votación, ni lo que haga o deje de hacer al respecto el aparato institucional relacionado con ese tema, sino que el proceso se haya convertido, sin que nadie realmente lo previera, en el detonador de un movimiento social y político de naturaleza popular y masiva, que lo mismo puede resultar efímero que consolidarse y cambiar la naturaleza misma de la política mexicana en los años por venir.

Y es que ese movimiento, si finalmente se sostiene, puede empujar hacia la superficie a un viejo río de energía colectiva -hoy mezcla complicada de muy añejos resentimientos y reclamos de clase, de una recién adquirida conciencia del potencial político de los siempre marginados más la vaga esperanza de un futuro mejor- que normalmente no se manifiesta pues corre por un cauce subterráneo, por concavidades producto de siglos de cultura de la subordinación, la explotación, la discriminación y la represión.

La última vez que ese río emergió a la superficie política de México fue durante el cardenismo. En cualquier caso, su correr por el exterior dejó huella clara pero breve, pues el liderazgo autoritario del PRI lo volvió a su antiguo cauce en el subsuelo social y cultural mexicano.

En 1994, en Chiapas, el neozapatismo intentó sacar a la luz del día ese río subterráneo pero finalmente no fue el caso. Inesperadamente, las elecciones del 2006 -la crisis postelectoral- parecieran tener el potencial de volver a la superficie lo que por muchos años ha estado escondido.

En cualquier sociedad, la acción política normal pareciera ser, y generalmente lo es, un asunto que sólo concierne a las élites. Las más de las veces, las mayorías parecieran ser -y de hecho son- meros objetos de fuerzas cuya naturaleza real esas mayorías ignoran.

Incluso cuando la ciudadanía acude a las urnas, su capacidad para actuar en función de sus propios intereses es limitada pues las condiciones en que vota son moldeadas por las acciones e intereses de las minorías.

Lo que está ocurriendo hoy en México no puede caracterizarse como "política normal". Un sector de las capas populares que, sin ser mayoría, es muy numeroso, se ha politizado muy rápidamente, se resiste a volver a las márgenes del sistema de poder y está desafiando, pacífica pero consistentemente, un orden que todos los indicadores disponibles de distribución del ingreso, de desarrollo humano y el propio sentido común, muestran que redunda en un beneficio exagerado e ilegítimo de los pocos en detrimento de los muchos.

El momento del quiebre.
Es posible que la energía política de las otrora llamadas "clases peligrosas" y hoy "populares", no hubiera emergido a la superficie si la campaña electoral se hubiera conducido de una forma menos dura y parcial. Claro que sin esa parcialidad, es posible que el 2 de julio la derecha ni siquiera hubiera tenido la pequeña ventaja de medio por ciento que finalmente alega haber tenido.

La campaña electoral real duró años y nunca se llevó a cabo en condiciones de equidad. Se desarrolló en un terreno donde el Presidente y otros actores impidieron el "juego limpio".

Para empezar, en el 2003, las dos fuerzas dominantes en el Congreso federal -el PRI y el PAN- decidieron dar forma a una directiva del Instituto Federal Electoral (IFE) "a modo". En efecto, de los nueve consejeros encargados de dirigir a la institución, cuatro lo fueron a propuesta del PAN y cinco del PRI, incluido el consejero presidente.

Poco importó a los diseñadores de ese consejo -entre ellos y notablemente, Elba Esther Gordillo- la marginación del PRD de ese proceso, tampoco importó que la experiencia en materia electoral de algunos consejeros fuera nula, que su cercanía con las cúpulas de los partidos que les propusieron fuera mucha e, incluso, que uno de ellos simplemente no tuviera el grado universitario exigido por la ley.

Pero más que la naturaleza de la directiva de la institución electoral, fue la naturaleza de la acción de la Presidencia de la República, la que hizo del terreno electoral del 2006 un campo impropio para una lucha cívica donde pudiera prevalecer el espíritu de tolerancia, de respeto por el otro y de negociación.

El primer paso fue echar a andar, desde "Los Pinos", el insensato proyecto de hacer de la esposa del Presidente la candidata presidencial "natural". La idea de una Eva Perón mexicana requería eliminar al único rival desde entonces muy peligroso: el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fue así que la Presidencia puso en marcha, con el apoyo de los dos mismos partidos que habían dado forma a un IFE bajo sospecha, un plan que debía concluir en la neutralización de la candidatura de AMLO vía su desafuero por, supuestamente, no haber cumplido con la orden de un juez para detener a tiempo la apertura de una calle en la capital.

La resistencia popular a este empeño por decidir la elección antes de llegar a las urnas fue el anticipo del actual movimiento social.

El broche de oro.
En una reunión académica posterior al 2 de julio, un panista explicó que su partido había decidido usar la campaña electoral para subrayar sus diferencias con la izquierda. Ahora bien, según él, una vez terminada la campaña -y asegurado la victoria- todo debía dar un giro de 180 grados, dejar de lado las diferencias y buscar puntos de acuerdo y retornar a la normalidad.

En la realidad, la estrategia panista de "subrayar diferencias" significó elaborar una campaña de medios para crear una atmósfera de miedo y descalificar a la izquierda sustentando un diagnóstico falso pero eficaz: AMLO era, ni más ni menos, que el equivalente mexicano de Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, para concluir que por eso era un "peligro para México".

Esa decisión del PAN cercenó, implícitamente, a casi 15 millones de mexicanos del "proyecto nacional panista".

El evidente esfuerzo de la derecha, llevado a cabo desde dentro y fuera del gobierno, por cerrar la posibilidad de una alternancia derecha-izquierda que por un buen tiempo prefiguraron las encuestas, ha terminado por llevar a esa izquierda a recelar del camino electoral y a empujarla a organizarse ya no en función de las urnas, sino de una confrontación abierta, sistemática, permanente, con la derecha.

Así, la supuesta conclusión de un "proceso electoral ejemplar" ha desembocado en una izquierda con base social pero recelosa del entramado institucional y que prefiere apostar por la movilización social como el mejor camino para hacer realidad el programa delineado por AMLO el domingo 13 de agosto: combate a la pobreza, a la "monstruosa" desigualdad, a la corrupción, a la forma en que se ha usado a los medios y las instituciones y, finalmente, impedir la privatización de los recursos nacionales (petróleo y electricidad).

El futuro.
En nuestra recién nacida democracia política, se suponía que las masas sólo intervendrían en política cuando el calendario electoral lo autorizara. En contraste, la derecha, podía seguir haciéndolo de manera cotidiana vía el control del gobierno, el manejo del mensaje que dan los grandes medios de información, la acción de los cabilderos profesionales, de las cámaras empresariales, etcétera.

Si el proyecto encabezado por AMLO no se descarrila, la energía de las "clases perdedoras" que la frustración electoral ha impulsado hacia la organización y la acción política, podría dejar de ser el río subterráneo que hasta hoy ha sido y empezar a influir cuando y donde se considere apropiado, en la conformación de la agenda nacional, sin estar ya restringida sólo al tiempo de las urnas.

Este movimiento, si bien no es un "peligro para México", sí podría serlo para el México de la derecha.

En fin, posiblemente el PAN supuso que el tiempo de los "contrastes" duros abarcaría sólo el tiempo de la campañas. Sin embargo, la izquierda está aprendiendo de sus adversarios y ha diseñando su propia política de "contraste" duro, con la diferencia de que esta vez se trataría de un contraste permanente.

En fin, la izquierda puede llegar a tener masas entusiasmadas con la idea de llevar la democracia del plano meramente electoral -la "República simulada"- al social, situación que no se había dado desde ese lejano tiempo en que nació el PAN, justo como reacción a la política de masas del cardenismo.

Ahí le dejo por el momento
Panistas entiendan: EL PUEBLO NO ES TONTO!!!