COMUNICADO DE LA PRESIDENCIA LEGITIMA

Se debe cancelar definitivamente el proyecto Minera San Xavier, exige Castillo Juárez

México, Distrito Federal
Martes 27 de febrero de 2007

* Demanda fincar responsabilidades a autoridades y promotores de mencionado desarrollo
* Sostiene que el proyecto es inviable, porque envenenaría a un millón de potosinos
* Pone en riesgo la Minera el abasto de agua y se perderían miles de empleos agrícolas y ganaderos


La secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del Gobierno Legítimo de México, Laura Itzel Castillo Juárez, demandó la cancelación definitiva del proyecto Minera San Xavier y que se finquen las responsabilidades penales a todos los involucrados en la comisión de violaciones y daños a la zona del Cerro de San Pedro, San Luís Potosí.

Precisó que las sanciones deben aplicarse a los promotores de la obra y a todas las autoridades, federales, estatales y municipales, que por complicidad u omisión han permitido el avance ilegal de los trabajos en Minera San Xavier.

Detalló que desde hace varios meses se ha documentado y denunciando públicamente el conjunto de violaciones perpetradas por Minera San Xavier, sin que hasta la fecha, las autoridades federales ni estatales hayan ejercido acción alguna en contra de dicha empresa.

Entre estas transgresiones legales –explicó— se puede mencionar la compra de terrenos municipales y fincas abandonadas en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro, mediante contratos al margen de la ley o por medio de la firma de contratos de arrendamiento de tierras del ejido con falsos ejidatarios.

Aclaró que dichas operaciones ya fueron anuladas tanto por el Tribunal Agrario como por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.

Castillo Juárez aseguró que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha hecho valer la declaratoria estatal de 1993 que protege la flora y la fauna del Cerro de San Pedro.

“Esta declaratoria está siendo violada por Minera San Xavier que ya inició obras en el Cerro de San Pedro sin que la autoridad ambiental haya intervenido para impedirlo. La sentencia del pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa señala la improcedencia de la autorización para un proyecto de este tipo dada la existencia del decreto estatal de 1993”, expuso.

Denunció que Minera San Xavier ha modificado a su voluntad el proyecto original presentado ante las autoridades ambientales federales, lo cual es motivo suficiente para la cancelación de los permisos otorgados.

Por ejemplo, señaló, en un principio la minera anunció que ocuparía 290 hectáreas por 8 años, pero una vez que obtuvo el permiso solicitó la ocupación de más de 2 mil hectáreas por un periodo de 33 años.

De igual manera, originalmente señaló que usaría diariamente 13 toneladas de explosivos para después tramitar ante la Secretaría de la Defensa Nacional permiso para utilizar diariamente 25 toneladas de explosivos, determinación que hace suponer que pretende casi duplicar la cantidad de material obtenido, con mayor uso de agua y cianuro de lo originalmente planeado, mencionó.

En consecuencia la actuación de la Minera, explicó, viola la autorización original que la Semarnat le concedió, que en el decimoctavo punto advertía claramente: "El incumplimiento de cualquiera de los términos resolutivos y/o la modificación del proyecto en las condiciones que fue expresado en la documentación presentada, podrá invalidar la presente autorización, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA) y demás ordenamientos que resulten pertinentes".

Recordó que el 8 de diciembre del 2005, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dictaminó que la autorización a Minera Xavier SA de CV se otorgó contraviniendo las disposiciones jurídicas y que se debe declarar la nulidad a la autorización otorgada por la Semarnat.

A su vez, la Semarnat notificó a Minera San Xavier, como se lo ordenaba el tribunal, el retiro de la autorización a su proyecto en Cerro de San Pedro. Pero el mismo día, la propia dependencia federal le entrega a la minera otro permiso violando todo tipo de ordenamientos legales, acusó.

La secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda dijo que aunado a estas violaciones, el proyecto es inviable desde la perspectiva ambiental, económica y social. “En el plano ambiental, en la primera etapa o preparación del sitio, ya se ocasionó un daño irreversible a la flora y fauna del lugar, pues fueron arrasadas casi 100 hectáreas de flora con especies protegidas y en peligro de extinción, que trajo como consecuencia la migración de la fauna y la desaparición de algunas especies endémicas”.

Consideró que la Minera San Xavier envenenaría al menos un millón de pobladores de la región. “En su Manifiesto de Impacto Ambiental (página 16), la empresa reconoce que el impacto al acuífero será adverso, significativo para el acuífero donde sea extraído”.

En el mismo documento, señaló, la minera admite que podrían ocurrir daños al acuífero por el derrame o percolación de soluciones cianuradas provenientes del proceso de lixiviación y explica: "El impacto causado por una situación como la anteriormente descrita sería adverso de magnitud moderada a alta".

Destacó que por los estragos que suele causar este tipo de minería ya ha sido prohibida en diversas regiones del mundo, como en Montana, Colorado, Wisconsin y California, en Estados Unidos; en New South Wales en Australia, Turquía, República Checa, Alemania, Honduras y Costa Rica.

Explicó que otro problema asociado a este proyecto es que empleará uno de los procedimientos más destructivos asociados a las actividades industriales, como es la minería de tajo a cielo abierto.

Sostuvo que en una región con serias carencias de suministro de agua, una problemática que incluso afecta a más de cien colonias de la ciudad de San Luis Potosí, la empresa Minera San Xavier pretende utilizar a diario 32 millones de litros de agua en sus actividades extractivas.

De acuerdo con la propia empresa, se usaría alrededor de un millón de metros cúbicos al año como "gasto ordinario" y más de un millón 300 mil metros cúbicos de agua como "gasto extraordinario".

Según la Comisión Nacional del Agua y la propia Semarnat, el balance entre la recarga del acuífero y la extracción del liquido arroja un déficit de 42.5 millones de metros cúbicos al año.

Por otra parte, Castillo Juàrez expresó que resulta falaz la versión de que la empresa será una fuente laboral para la región, pues el proyecto únicamente crearía 150 empleos durante siete u ocho años.

Por el contrario, lejos de significar un beneficio real y duradero para la zona, la minera cancelaría cualquier posibilidad de crecimiento económico integral de la región, en tanto los productores se verían despojados de su actividad productiva y obligados a emplearse en la empresa, estimó.

Además, agregó, se perderían miles de empleos provenientes de las actividades agrícolas y ganaderas de las zonas aledañas; es decir, el supuesto beneficio económico sería sólo en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo se estaría cancelando, en los hechos, el desarrollo económico general de la zona.

Insistió en que las obras de la minera afectarían directamente a cientos de familias que tendrían que ser reubicadas por la utilización de potentes explosivos en el proceso de extracción de oro y plata.

También, comentó que la empresa cerró caminos vecinales que durante 400 años fueron utilizados por pobladores de las comunidades de La Zapatilla, Cuesta de Campa, Portezuelo y Cerro de San Pedro, que está dando como resultado un aceleramiento en la descomposición de un tejido social ya de por sí lastimado por la alta tasa de emigración de la zona, entre otros factores.

Destacó que Minera San Xavier pone en riesgo el patrimonio histórico–cultural que representa Cerro de San Pedro. La mina del Cerro se fundó en 1592 y de esa época hasta mediados del siglo XVII ocupó el primer sitio en el mundo por su producción de oro y plata, y la actividad dio lugar a la fundación de la actual capital del estado.

Recordó que las construcciones que permanecen en pie en el Cerro de San Pedro, su iglesia y las ruinas de las edificaciones, han sido declaradas monumento histórico y son parte del patrimonio cultural e histórico de San Luis Potosí.




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