YA VAN 5 MESES

Miguel Ángel Granados Chapa
Oaxaca: 153 días de engaños

El gobierno panista y su partido extendieron el jueves una patente de impunidad a Ulises Ruiz. La fracción senatorial albiazul ofreció al gobernador el blindaje que le permitió decir ufano, el viernes, que el conflicto ha concluido
Hoy hace exactamente cinco meses que comenzó el crecientemente grave conflicto en Oaxaca, fuego al que el jueves 19 el Senado de la República echó gasolina, seguramente no Premium UBA, pues el nuevo combustible está destinado a provocar menos muertes. A lo largo de 153 días la sociedad oaxaqueña, especialmente la que vive en su capital, ha padecido los estragos crecientes de la ingobernabilidad, expresada en el asesinato de 10 personas, una huelga magisterial que afectó el final del curso anterior y entorpece el comienzo del actual y ha provocado pérdidas millonarias en la economía de esa entidad, tan lacerada de suyo por una miseria ancestral.

Horroriza e indigna comprobar que todo pudo haberse evitado, de haber actuado el gobierno federal con veracidad y no con engaños ni soslayamiento. El conflicto comenzó el 22 de mayo con la toma del centro histórico de la capital oaxaqueña por miles de miembros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Concluida una semana atrás la revisión salarial, la nueva exigencia demandaba la rezonificación, es decir el ajuste a las remuneraciones magisteriales para homologarlas con las vigentes en entidades vecinas, como Chiapas. La operación, sólo realizable a mediano plazo, implicaba un costo de alrededor de mil 400 millones de pesos, según sabían y dijeron los dirigentes seccionales. El gobierno local aseguró que el problema era de competencia federal, pero en la Ciudad de México nadie se hizo cargo del asunto. Sólo tres semanas después habló del tema el secretario de Educación Reyes Tamez. Dijo que la exigencia oaxaqueña era "sencillamente imposible de atender".

Hoy sabemos que lo cierto es lo contrario. Hace un domingo, el 15 de octubre, Elba Esther Gordillo dijo que sobre la rezonificación general, incluida la de Oaxaca, "nos dieron la respuesta en mayo". Desde entonces se organizó una comisión "para revisar de fondo lo que haríamos al respecto". Esa comisión llegó a un acuerdo que se firmó el 21 de agosto, donde se cuantificó el costo general de la operación: 41 mil 670 millones de pesos.

Ni en mayo ni en agosto nadie informó de tales acuerdos al magisterio oaxaqueño, enzarzado desde entonces en una querella que al día de hoy amenaza con generar violencia interna, entre sus miembros. Al cabo de cinco meses de movilizaciones, a esta hora es posible que la sección 22 sufra, además de la amenaza en curso de escindirla para crear la sección 59, una división interna respecto del retorno a las aulas y el acatamiento a las decisiones de su dirección. Es posible también que se abra una brecha entre el liderazgo magisterial y el resto de las organizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), por la decisión de deponer el movimiento sin que se satisfaga su principal demanda a partir del 14 de junio, la renuncia del gobernador Ulises Ruiz. Ello, por la fallida pero no por ello menos feroz represión policiaca de aquella fecha, cuando se intentó inútilmente desalojar a los ocupantes del centro histórico.

A partir de mañana crecerá minuto a minuto el riesgo de que operaciones semejantes a aquella sean practicadas por la gendarmería local (remediadas las insuficiencias reveladas por el fracaso de junio) a solas o con presencia de la Policía Federal Preventiva y aun efectivos militares o de la Armada. Cabe recordar, por cierto, que desde fines de mayo, sin que su petición tuviera acuse de recibo, la legislatura local solicitó "a los órganos de seguridad pública nacional" que "en el ámbito de su competencia procedan sin dilación a desalojar las vías públicas y las instalaciones federales, estableciendo la protección que impida futuros atentados". La omisión, que implicó ni siquiera responder, se debió a que privaba entonces, como ahora, la decisión federal de no pagar costos por los atropellos de Ruiz.

En el colmo de sus contradicciones convenencieras, el gobierno panista y su partido extendieron el jueves una patente de impunidad al gobernador. En un execrable doble lenguaje, presuntamente obligados por la rigidez de la legislación aplicable, la fracción senatorial del PAN ofreció a Ruiz el blindaje que le permitió decir ufano, el viernes, que el conflicto ha concluido. No obstante la contundencia de los hechos conocidos por la opinión nacional desde hace cinco meses (en este lugar se publicó el primer acercamiento al problema el 8 de junio) y a pesar del testimonio directo de tres senadores, incluido uno de los suyos, el grupo albiazul se parapetó tras una pretendida formalidad para alzar los hombros y decir que el gobernador no gobierna (ni funcionan los otros poderes) pero no pueden decirlo conforme a la ley.

Hubieran podido, de quererlo. Pero están atados por compromisos al mismo tiempo evidentes e inconfesables con el PRI, que mantiene secuestrados a sus presuntos antagonistas y demanda toda suerte de pagos por el rescate. Como se sabe, rigen el fenómeno de ingobernabilidad llamado "desaparición de poderes" la fracción V del artículo 76 constitucional y su ley reglamentaria, publicada el 29 de diciembre de 1978. En ésta se establecen cinco circunstancias que significan que han desaparecido los poderes, situación de hecho que corresponde al Senado establecer para, en consecuencia, declarar que ha llegado el momento de nombrar a un gobernador sustituto.

Dos de esas causales están claramente presentes en Oaxaca, según lo reconoce el propio dictamen que, sin embargo, concluye en sentido contrario a sus argumentos dejando en su lugar, fuerte y ensoberbecido, a un gobernador al que, ilusos o hipócritas, los senadores panistas le piden por favor que se vaya. Una de esas causas consiste en que los miembros o los titulares de los poderes "prorrogaren su presencia en sus cargos después de fenecido el periodo para el que fueron elegidos". Eso exactamente prevén hacer los diputados oaxaqueños, que reunidos en un local improvisado (porque están "imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos" en su recinto oficial) reformaron la Constitución estatal y otras leyes para continuar siendo diputados después del 13 de noviembre de 2007, en que se cumple el trienio de su mandato, y hasta el 30 de septiembre de 2008.

Es claro también que han desaparecido los poderes ya que, tal como lo prevé otra de la causas de tal anomia, están "imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos". Queda dicho que el Congreso local sesiona fuera de su casa, en domicilios de sus miembros y legisla sobre las rodillas, sólo para dar la apariencia de que lo hace. El tribunal superior de justicia no funciona. No se reúne su pleno y sus salas de apelación están cerradas, por lo que no hay segunda instancia judicial. Actúan 50 de los 79 juzgados civiles, penales y familiares. Y Ruiz dice gobernar pero es incapaz de garantizar a la población la seguridad pública, ya que su policía obra sólo disfrazada y atacando a mansalva, no uniformada y con arreglo a los procedimientos establecidos. Como si él mismo quisiera probar que no gobierna, y ni siquiera puede atender a sus huéspedes en la ciudad de Oaxaca, recibió a los tres senadores que investigaron lo que pasa en esa entidad en un hangar del aeropuerto, que es de jurisdicción federal.

El miércoles 18, a la misma hora en que la mayoría del PRI y el PAN acordaba en la Comisión de Gobernación salvar la cabeza a Ruiz, como lo confirmaría el pleno al día siguiente, fue asesinado el profesor Pánfilo Hernández. Otros miembros del magisterio, o de organizaciones sociales, han sido ultimados en estos cinco meses sin que ningún homicida haya sido detenido ni procesado. Sus muertes no preocupan a nadie, salvo a sus deudos, y no se les incluye en el balance de las graves pérdidas originadas por el conflicto, que se concentra en las de orden económico, nada desdeñables por cierto. Esos asesinatos, y la permanencia del gobernador en su sitio, apuntalado por las sólidas columnas del PAN y del PRI, son para la APPO y la sección 22 el saldo rojo de un combate que también deja fracturado al magisterio. Mientras escribo, sus miembros están decidiendo si dan clases a partir de la próxima semana o si se mantienen movilizados, quizá sólo en espera de que el reciclado gobernador los embata de nuevo.


Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com