COLUMNA DE MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA EN EL REFORMA

Miguel Ángel Granados Chapa
Favoritos de la Corte

Es sano y puede ser útil que dentro de corporaciones que tienen que ver con la impartición y la administración de la justicia haya oportunidades para la promoción del personal, salvo cuando se incurre en sesgos que benefician a círculos de favoritos
Los procesos de selección de magistrados y consejeros atribuidos por la ley al Poder Judicial de la Federación, ponen de manifiesto el alto riesgo, la inclinación al menos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación construya un círculo de favoritos que se alimente a sí mismo de modo excluyente. Lo muestra la insistencia de ese órgano en promover a un número reducido de personas a las diversas posiciones respecto de las que tiene capacidad de propuesta o nombramiento. Sin duda, beneficia a un cuerpo que encarna poder la capilaridad orgánica, la posibilidad de ascenso o de promoción horizontal. Pero ese beneficio se obtura si las decisiones se concentran en un menguado ámbito de personas que tienen ventaja sobre otras, en círculo no virtuoso, por su proximidad a quienes deben integrar o contribuir a integrar instituciones.

En este momento la Suprema Corte desahoga dos procedimientos de especial importancia. Por un lado compone las ternas de candidatos a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que expondrá al Senado para la designación respectiva. Y, por otra parte, se ocupa de seleccionar a uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura, que sustituirá al magistrado Adolfo Aragón Mendía (que podría pasar de ese consejo al Tribunal Electoral ya que figura en la primera selección practicada por los ministros).

Los ministros convocaron el 11 de septiembre a todo interesado a formar parte de la Sala Superior del máximo órgano de justicia electoral. Se recibieron, en el curso de la siguiente semana, 160 solicitudes (y en un periodo posterior, escritos con objeciones a 82 aspirantes, así como 76 de apoyo a 20 candidatos). Uno que se había apuntado y luego desistió fue Javier Bernardo Aguilar Álvarez de Alba, que fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia y comisionado en la Comisión Federal de Competencia Económica.

Los ministros fijaron como mínimo para considerar a los aspirantes dignos de convertirse en candidatos obtener seis votos, de los 11 posibles. Veintisiete lograron pasar esa cota en la primera ronda, en la segunda lo consiguieron dos más y tres en la tercera. El propósito original era escoger a 36 aspirantes para que uno de cada dos formara parte de la terna. Pero fue trabajoso, y a la postre imposible, encontrar ese número total de justos.

Sólo dos candidatos alcanzaron el reconocimiento de la totalidad de los ministros, es decir los 11 votos posibles. Se trata, en efecto, de un reconocimiento en los diversos sentidos de la expresión. Por un lado, se apreció la calidad de su desempeño, del que los ministros tienen noticia directa; y de una nueva valuación de sus capacidades pues ya antes las conocieron. Hay que recordar que el pleno es casi el mismo elegido por el Senado a propuesta del presidente Zedillo en 1995. De entonces a acá han sido sustituidos tres de los 11 ministros, de modo que los ocho restantes han tomado parte en las designaciones previas de Javier Aguilar y de Constancio Carrasco Daza, los aspirantes más apoyados por los ministros.

Si bien el primero llegó al cargo que actualmente ocupa, secretario general de Acuerdos del pleno en 1985, los nuevos ministros lo conservaron en la posición, en lo que debe haber sido determinante la opinión de los ministros Juan Díaz Romero y Mariano Azuela Güitrón, supervivientes de aquella etapa. Los seguidores del canal judicial lo conocen bien porque su sitial cierra la virtual herradura formada por los que ocupan los ministros. También se hizo público su papel cuando se le supo responsable de la pésima presentación y publicación de un acuerdo general que rigió al tribunal constitucional en la controversia sobre el presupuesto de egresos del año 2004.

Si bien el nombramiento de Carrasco Daza fue hecho por el Senado (recuérdese que los miembros del Consejo de la Judicatura son nombrados por los tres Poderes de la Unión), es de suponerse que, como magistrado que era a la hora de su elección el pleno hubiera sido consultado. Recuérdese también que preside la Corte y el Consejo una misma persona. Son aún más notorios los casos de los también consejeros Elvia Díaz Rosa Díaz de León de D'Hers y Adolfo Aragón Mendía, ellos sí llevados a su actual cargo por quienes ahora los impulsan a ocupar uno nuevo. La magistrada Díaz de León, por añadidura, fue candidata anteriormente a la misma magistratura electoral y a un sitio en el pleno de ministros.

Pasado mañana los 32 aspirantes serán entrevistados por los ministros durante 10 minutos y 14 quedarán al margen del proceso, mientras que los 18 restantes serán presentados el lunes próximo al Senado, para que elija los seis magistrados del Tribunal Electoral.

La única mujer en ese órgano, que dentro de un mes deberá ser renovado, está en situación de continuar su carrera en el Poder Judicial federal. La magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo no volverá, como podría ser, a un tribunal de circuito sino que forma parte de la lista de 28 candidatos a un puesto en el Consejo de la Judicatura federal, publicada el viernes pasado. La Corte la incluyó hace 10 años en la lista para integrar la inicial Sala Superior y trata ahora de llevarla a otro cargo de rango similar. Dos magistrados bien conocidos del pleno son también candidatos a la consejería. Emma Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín fueron comisionados en abril para averiguar si se violaron las garantías individuales de Lydia Cacho y su informe fue considerado insuficiente.



Cajón de Sastre


La sola inclusión del nombre del doctor Salvador Nava Martínez en la lista de quienes pudieron ser honrados este año con la medalla Belisario Domínguez muestra el grado de dificultad que enfrentaron los senadores que finalmente decidieron otorgarla no post mortem como hubiera ocurrido con el gran luchador potosino por la democracia, sino al doctor Jesús Kumate Rodríguez. Si bien fue secretario de Salud (en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari), no radica en esa meritoria designación, en ese dato de su currículum, la causa principal de la distinción de que lo hizo objeto el Senado de la República. Desde que se graduó como médico hace 60 años, en la Escuela Médico Militar, no ha cesado el doctor Kumate en su empeño por investigar y enseñar, y por poner la medicina al servicio de la sociedad, particularmente sus sectores más necesitados. Presidente de la Academia Nacional de Medicina y miembro del Colegio Nacional, doctor honoris causa por varias universidades, merece plenamente esta presea otorgada por la ciencia y la virtud de los recipiendarios.


Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com


FeCal entiende: EL PUEBLO NO ES TONTO!!!