COLUMNA DE MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA EN EL REFORMA

Miguel Ángel Granados Chapa
Nacif y la asquerosidad

A partir de la petición de las Cámaras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no deja de lado, al averiguar si se violaron las garantías individuales de Lydia Cacho, el contenido de la libertad de expresión ejercida por ella para denunciar pederastia y pornografía infantil
El juez primero penal de Cancún decidirá hoy miércoles si se declara incompetente para seguir conociendo la presunta difamación contra Kamel Nacif, como lo pidió la denunciada Lydia Cacho. En caso afirmativo el juicio continuará en el Distrito Federal, pues allí se publicó el libro Los demonios del Edén, del que es autora, y a través del cual se habría cometido el ilícito de que se dice víctima Nacif. De ser así, un juzgado capitalino sería la tercera sede judicial que ventile el sonado caso, comenzado en Puebla y continuado en Quintana Roo.

Mientras se decide la incompetencia, el proceso ha continuado su curso. El viernes pasado se efectuó el careo entre el denunciante y la denunciada. Sin las tribulaciones que padeció la periodista en el trayecto en sentido contrario, Nacif viajó de Puebla a Cancún, para contestar preguntas de quien iba a ser víctima de la maniobra urdida por el mecenas de políticos. Si bien Lydia Cacho se salvó de las consecuencias más gruesas de aquella operación, sigue estando sujeta a un procedimiento penal que puede concluir en una sentencia que la prive de la libertad y que por lo pronto ya ha causado estragos en su economía, pues la defensa eficiente suele ser muy cara.

Tiene sentido la petición de trasladar el juicio de Cancún a la Ciudad de México como antes lo tuvo sacarlo de Puebla. No pocos de los participantes en el proceso contra la periodista, como abogados de su denunciante y como funcionarios ministeriales y judiciales están estrechamente unidos con el pasado inmediato, con la gestión del gobernador Joaquín Hendricks, otro miembro de la red de intereses de que forma parte Nacif. Entre las varias conversaciones sostenidas en cabroñol -como bautizó Carlos Monsiváis la escabrosa habla del empresario- se ha conocido una, reveladora de la confianza que se tienen Nacif y Hendricks, que les permite hablar abiertamente de operaciones mercantiles a la sombra del poder, no sólo entre ellos sino incluyendo a terceros como Alfonso Arau y Alfredo del Mazo.

Durante el enfrentamiento del pasado viernes, Nacif imputó a Lydia Cacho haberlo "convertido en un monstruo", como si en efecto hubiera sido dueño de una alba reputación manchada por el libro de la periodista, que lo muestra cercano al pederasta y pornógrafo Jean Succar Kuri. La mala reputación de Nacif, evidenciada en los litigios con su esposa, que lo acusa de intentar matarla, y de amenazarla (amén de señalarla sin base como chantajista y autora de las interferencias a sus telefonemas, y de su difusión), era antigua y diversa: es conocido el doble episodio en que en una partida de dominó a siete fichas Nacif ganó una colosal suma de dinero; y ya que el perdedor, suspicaz, rehusara pagarle por barruntar que alguna trampa hubiera podido practicar Nacif, éste lo convenció de cubrir esa deuda de honor secuestro y golpiza de por medio.

También espetó Nacif a la periodista: "¡Ya basta de tanta asquerosidad!" De conocer la expresión, Lydia Cacho hubiera podido responder con un coloquialismo: "Pancho narices, lo tuyo me dices", aplicable al "burro que habla de orejas", es decir a quien acusa a otro de faltas en que el hablante ha incurrido. Ya basta, en efecto, de tanta asquerosidad como la que implica la pederastia y el comercio sexual con niños, cuya denuncia es la causa del ataque a las libertades de la periodista.

En la Suprema Corte de Justicia se tiene muy claro que una de las garantías individuales cuya violación está siendo averiguada por ese tribunal, conforme al artículo 97 de la Constitución, es la de expresión, practicada por la autora de Los demonios del Edén al publicar ese libro.

En el debate que el 19 de septiembre derivó en el desechamiento de una indagación insuficiente sobre tales violaciones, el ministro Juan N. Silva Meza recordó que "la solicitud (de las Cámaras) del Congreso de la Unión para que este tribunal ejerciera su facultad de investigación... ha sido, hoy lo reitero, una de las más importantes formas institucionales para obtener la protección de derechos fundamentales, en particular de los niños y menores mexicanos". Es decir, "dicha solicitud fue lo más cercano a un llamado de la sociedad para que el máximo tribunal del país coordinara la investigación y salvaguarda de esos derechos fundamentales que los representantes de la sociedad consideraron en peligro...". Esa sociedad pidió de ese modo a los ministros, según la interpretación de uno de ellos, "no permanecer ajenos e indiferentes a este asunto donde se involucraba como dije (en la sesión en que la Corte aceptó la indagación solicitada por los legisladores) y no dejaré de insistir, derechos básicos de la niñez mexicana, lesionados al ponerse en práctica una mecánica de gobierno para atajar la denuncia...".

En efecto, la Corte no aceptó el caso en abstracto, sino que tuvo en cuenta que "las conductas denunciadas en tal obra (el libro de la periodista) se vinculan con la revelación de redes de pederastia y pornografía infantil lo que en nuestro contexto no puede calificarse sino como deleznable y repudiable y de lo más atentatorio contra la niñez mexicana".

En igual sentido, el ministro Genaro David Góngora Pimentel reiteró que la petición de las Cámaras "deriva del interés general que tienen los gobernados para preservar la libertad de expresión cuando ésta se utiliza para denunciar delitos como la pornografía infantil y la pederastia".

O sea que también la Corte está por que se acabe esa asquerosidad.



Cajón de Sastre


Carlos Armando Biebrich, orador priista en la comparecencia del secretario Carlos Abascal, ayer, recomendó que a tono con lo que dispone la cláusula constitucional sobre desaparición de poderes, que otorga intervención al Senado sólo cuando "las constituciones de los estados no prevean el caso", se acuda "al ejercicio soberano del poder legislativo de Oaxaca para que juzgue el obvio y evidente estado de ingobernabilidad en que se encuentra". Aparte la singularidad de su posición sobre las condiciones que privan en esa entidad, Biebrich recordó la discrecionalidad con que hasta antes de 1983 se empleaba esa facultad del Senado, en realidad manejada por el Presidente. Trajo a la memoria que cuando fue subsecretario de Gobernación (bajo Echeverría y Moya Palencia) le correspondió operar (él dijo pudorosamente conocer) cuatro casos de desaparición de poderes. Y aunque rehusó hacer "ninguna alusión personal" los viejos de la tribu recordaron que él mismo fue despedido del gobierno de Sonora, aunque no por esa vía sino por renuncia.


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