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lunes, noviembre 13, 2006

EL CORRUPTO GOBIERNO DEL PAN

Amigos de Fox: viene el salpicadero
Jesusa Cervantes y Antonio Jáquez

Parecía más que suficiente: el conflicto en Oaxaca, la evidente reaparición de la guerrilla, los desaires del Congreso, los gazapos de un día sí y otro también… Pero al presidente Fox le faltaba algo para llegar a un perfecto final infeliz en su sexenio: ser demandado –junto a Lino Korrodi– por los abogados que los defendieron en el caso Amigos de Fox, a quienes no les pagaron sus honorarios. Será un proceso judicial –ya comenzó a serlo– que manchará a muchos de los integrantes del llamado “gobierno del cambio”… y también del que lo va a suceder.

La demanda de los abogados particulares de Vicente Fox y Lino Korrodi, interpuesta porque no les fue pagada la defensa del presidente en el caso Amigos de Fox, reavivó las dudas que no resolvió en su momento el Instituto Federal Electoral (IFE).

La Presidencia de la República pretendió minimizar el caso a través de su vocero Rubén Aguilar, quien dijo que “es un asunto entre particulares que se deberá resolver en los tribunales”.

Pero según Korrodi, recaudador de los fondos de la campaña de Fox en 2000, el problema se manejó desde la cúspide del poder como un operativo de Estado, con la participación directa del primer círculo del gobierno federal.

“El propósito del operativo –dice Korrodi en entrevista con Proceso– fue mantenerse en el poder, además de intentar lavarle la cara a Vicente Fox y al propio PAN, ya que se acercaban las elecciones intermedias de 2003.”

Revela que Amigos de Fox fue un tema político que el presidente “abordaba cada lunes a las 7 de la tarde con los miembros de su gabinete”. En la entrevista describe, además, parte del complejo operativo financiero para recibir los millonarios recursos, confirma las investigaciones que a lo largo de tres años publicó Proceso y da la pauta para reabrir el caso y sancionar a quienes cometieron irregularidades, incluido Fox.

Tanto Lino Korrodi como el exconsejero electoral Jaime Cárdenas (quien participó en la investigación y denunció lo que hoy revela el operador financiero) también consideran necesario llamar a cuentas a Alonso Lujambio, expresidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral y quien elaboró, junto al entonces secretario técnico de la comisión y actual consejero electoral, Arturo Sánchez, el dictamen que exoneró a Fox y a actuales funcionarios del gobierno federal.

Por las declaraciones de Korrodi, dice Jaime Cárdenas, es posible reabrir el caso, ya que hay nuevas evidencias –“que aunque las tuvimos, nunca fuimos a fondo en la indagación”– y se le pueden fincar responsabilidades penales y administrativas.



Operativo de Estado



En la veintena de cartas que Lino Korrodi le envió al presidente entre 2003 y 2006 para que se finiquitara el asunto de la asociación civil, el operador financiero hace importantes revelaciones.

Una de esas misivas dice: “Por último te informo que he recibido amenazas veladas, una de ellas de Daniel Cabeza de Vaca, independientemente que el Cisen tiene intervenidos tres teléfonos de mi oficina y el de mi casa, lo cual me parece criminal de parte del gobierno”.

Korrodi cuenta que Fox en algún momento le dijo: “No, tú quieres seguir, si yo quiero te chingo”. Y que él le contestó: “Bueno Fox, si tú decides y esa es amenaza, pues adelante, ya la han hecho. ¿Qué más quieres hacer?”.

Ante la pregunta de si se realizó un operativo de Estado para deslindar a Vicente Fox de las investigaciones y culparlo sólo a él y a las hermanas Robinson Kawachi, responde el empresario:

–Ahí está. ¿Quién fue por informes a las oficinas de los abogados, quién uso un micrófono en mi carro, investigó mis pasos, quién dio línea a un periódico para decir que estuve en la cárcel? ¿Eso de quién viene? Del exconsejero Jaime Cárdenas, del PRD o del PRI, no”.

–¿Entonces sí fue todo un operativo de Estado para salvar a Vicente Fox? –se le insiste.

–Ahí están los hechos. Que me diga la gente responsable, el mugroso de Santiago Creel, el mismo Diego Fernández de Cevallos, que estuvieron involucrados en todo esto. El mismo presidente de la República. Yo les pedí que investigaran eso y nunca hubo respuesta. Santiago se hizo güey.

–¿Amigos de Fox se convirtió en un asunto de Estado?

–En los hechos, si tú ves el escándalo que se hizo de Amigos de Fox, aquí era necesario por las elecciones de 2003, pues de alguna manera se quería limpiar la cara al gobierno, al PAN. ¿Y qué había que hacer? Pues meter en la hoguera a los Amigos de Fox, por eso se hace todo eso en contra mía y yo pierdo credibilidad. Era atacado salvajemente por todo mundo.

–¿Entonces sí se convierte en asunto de Estado?

–Ahí que sean los políticos los que digan si era un asunto de Estado. Pero los hechos ahí están, que así se manejó y así fue.

–¿Vicente Fox violó la ley?

– No soy político ni soy abogado, ni estoy enterado de qué tanto violó o no la ley. Son las instancias las que deben trabajar para ver si eso ocurrió.

–Pero usted reconoce que en la campaña ingresó dinero que no está permitido por la ley electoral. Incluso comentó en el noticiero de Carmen Aristegui que le dijo en algún momento a Fox: “No daba un paso si no era con la anuencia tuya; estabas consciente de mis empresas que íbamos a usar...”, y también dijo que hubo dinero no lícito, por las aportaciones de empresarios...

–En ese caso (aportaciones de empresarios) las autoridades determinaron que hubo excesos de gasto de campaña y que, por lo tanto, se violó la ley y algo del IFE, por eso se tuvo que pagar la multa.



El papel de Lujambio



Las nuevas revelaciones de Lino Korrodi involucran directamente a quien fue el encargado de realizar las indagaciones en el IFE, Alonso Lujambio, pues él habría estado enterado de que 15 millones de pesos salieron del Senado de la República para apoyar la campaña presidencial de Fox.

Según Korrodi, el entonces senador y actual secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, operó la salida de los recursos, que autorizó el entonces coordinador de la bancada, Gabriel Jiménez Remus. Los cheques llevarían la firma de Juan de Dios Castro, entonces senador y actual director jurídico de la Presidencia de la República.

En entrevista, Korrodi explica que Diego Fernández, coordinador de los senadores panistas de 2000 a 2006, y Santiago Creel, primer secretario de Gobernación de Fox, saben cómo se dio el acuerdo con Alonso Lujambio para culpar de la desviación de dinero del Senado únicamente a Laura Robinson –hermana de Carlota Robinson Kawachi– y al Instituto Internacional de Finanzas de León, que encabezaba el actual secretario de Relaciones Extreriores, Luis Ernesto Derbez.

Pero el IFE no consideró que hubieran entrado 15 millones de pesos a la campaña foxista, sino únicamente 2 millones, y lo que finalmente comprobó fueron aproximadamente 700 mil pesos.

“Muy monos, estos imbéciles le dicen: oye Lujambio, pues mira, que toda la bronca caiga sobre Laura y caiga sobre el IIF de león, vamos a acusarlos... De que hubo acuerdo, hubo acuerdo, un arreglo. Eso es un hecho por cómo se dieron las cosas. El que autoriza y está de acuerdo es Gabriel Jiménez Remus y Luis Felipe Bravo Mena, y los cheques están firmados por Juan de Dios Castro”, truena Korrodi.

–¿Alonso Lujambio negoció alguna posición futura en la administración federal?

–Ahí están los hechos. ¿A cambio de qué? Lo cierto es que algo hubo… Pero si el asunto sale del Senado y hay un anónimo que sale del Senado, porque como recordarás en el año 2000 el Senado tenía inmunidad para cualquier tipo de investigación por parte de la Secretaría de Hacienda, por eso podían hacer lo que quisieran. ¿Y quién tiene ahora los registros contables y todos los movimientos y pólizas del Senado? Pues Diego Fernández de Cevallos.

–Si se reabre el caso en el IFE, ¿usted estaría dispuesto a proporcionar toda la información que faltó?

–Habría que verlo, si hay consejeros confiables y no coludidos ni en complicidad con otro tipo de intereses, lo evaluaremos. Pero hoy por hoy le concedo poca credibilidad al IFE.

–¿Lujambio fue un consejero poco confiable?

–Creo que sí. Lujambio lo demostró con una serie de hechos, de cosas que resultaron no poco claras en este manejo. Y yo le pregunto (porque él decía tener autoridad para decir a quién sí y a quién no demandaba ante la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Electorales y determinó que los únicos culpables fueron Laura Robinson Kawachi y el IIF de León), que explique a qué intereses obedeció. Si cuando la cosa de Amigos de Fox era tan delicada no era para que hubiera hecho una auditoría para determinar quiénes realmente eran los responsables. Ahí estaban Gabriel Jiménez Remus, Juan de Dios Castro, Rodolfo Elizondo, Luis Felipe Bravo Mena.

–¿Lujambio tuvo pruebas para involucrar a otras personas?

–Pues ahí está quien autorizó los cheques.

–¿Fox intervino para que así se dieran las cosas, incluso en el IFE?

–Creo que, si no intervino, por lo menos estuvo anuente en una serie de reuniones que se daban en Los Pinos a las 7 de la noche para ver el tema Amigos de Fox.

Además de calificar a Fox como “desleal, irresponsable, con poco sentido de humanidad, soberbio y que lastimó a muchas familias” para mantenerse en la Presidencia de la República, Korrodi dice que actuó como un mandatario de los viejos tiempos, “omnipotente y quién sabe si hasta más”.



Pacto de silencio



En cuanto a la demanda que el miércoles 8 interpusieron los abogados Arturo Quintero Treviño y el despacho Robledo y Asociados contra Fox porque no pagó los 3 millones de dólares acordados por la defensa en el caso, Korrodi considera que no se trata de “un asunto entre particulares, sino de fondo”.

Es más cauto al referirse a Marta Sahagún: primero acepta que ella manejó recursos de Amigos de Fox. Momentos después reconsidera: “Yo no podría decir si manejó, cómo y cuándo los manejó, en su tiempo que ella lo hizo, pues no sé, no lo podría definir, eso no me consta”.

Pero sostiene sus acusaciones contra Jiménez Remus, Rodolfo Elizondo, Juan de Dios Castro y Luis Felipe Bravo Mena, quienes según él desviaron el dinero del Senado a la campaña presidencial. También reitera sus señalamientos hacia Santiago Creel y Diego Fernández para que el entonces consejero electoral Alonso Lujambio no los incluyera en la denuncia.

Ya con Fox instalado en la Presidencia, pretendieron resolver el lío Rafael Macedo de la Concha –cuando era procurador–, Daniel Cabeza de Vaca, Creel, Carlos Abascal, Francisco Gil, el exsecretario de Energía y ahora senador Fernando Elizondo, así como Ramón Muñoz, exencargado de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental y actualmente senador de la República.

Korrodi agrega que otros panistas estaban perfectamente enterados de los problemas que aún tenía el caso Amigos de Fox e incluso participaron en reuniones con él: Germán Martínez, representante de Fox ante el IFE en las elecciones de 2000; Gabriela Ruiz del Rincón, extesorera del PAN por esa época, y Agustín Carstens, quien fue subsecretario de Hacienda en los primeros años del gobierno foxista. Los tres, hoy cercanos colaboradores de Felipe Calderón Hinojosa.

De igual forma, Juan Molinar Horcasitas, quien fue consejero electoral y subsecretario de Gobernación, y actualmente es cercano colaborador de Felipe Calderón, conoció las dudosas aportaciones de Amigos de Fox a la campaña. Lo mismo dice Korrodi de Javier Molinar Horcasitas, hermano de Juan y quien fue director general del banco IXE, la principal institución de crédito utilizada para triangular los recursos, según puede constatarse en el expediente de Amigos de Fox en poder de Proceso.

Finalmente, también Diódoro Carrasco, el último secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo, se entero de cómo se realizó la operación financiera y formó parte de la estrategia priista para darlo a conocer y abrir la investigación correspondiente. Hoy Carrasco es diputado federal por el PAN. En el expediente del IFE sobre Amigos de Fox hay una carta de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados dirigida al entonces funcionario.

El documento está fechado el 14 de junio, seis días antes de que los priistas presentaran la denuncia en la tribuna, dice: “Nos permitimos hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente se aprobó el siguiente punto de acuerdo: se exhorta a las autoridades competentes a efectos de que… se realicen a la brevedad las investigaciones correspondientes a las quejas sobre irregularidades en el financiamiento de la campaña del candidato de la coalición (Fox), y se determinen acciones conducentes”.

Por el caso Amigos de Fox, el IFE multó al PAN con poco más de 300 millones de pesos debido al rebase de topes de campaña, pero no investigó la presunta recepción de dinero desde el extranjero, las aportaciones de empresas como Cemex, Nadro, Comercial América, Frugosa, Agrobios, Grupo Flexi de León, El Cerrito y Fox Brothers.

Además, el IFE conoció un cheque por 5 millones 890 mil pesos a nombre de Édgar Cruz López, el cual tenía al calce la leyenda “lavado de dinero”. En julio de 2004, la encargada de la Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero, María de la Luz Núñez Camacho, reveló que sí existían pruebas de que en la campaña foxista se recibieron recursos del exterior.

En su dictamen, el IFE estableció que “esta autoridad llega a la convicción, inequívoca, de que el presidente Vicente Fox Quesada se encontró en aptitud de hacerle sabe al PAN desde el 12 de septiembre de 1999… que, amigos-simpatizantes de su persona realizaban aportaciones a una asociación civil que llevaba su nombre… Esta autoridad llega a la convicción de que el C. Vicente Fox se encontró en aptitud de hacerle saber al PAN y al PVEM que personas físicas y morales simpatizantes de su persona, realizaban aportaciones a un fideicomiso…”

A pesar de todo, Alonso Lujambio y Lorenzo Córdova –entonces asesor de José Woldenberg– se negaron a que Fox declarara y se le fincaran responsabilidades, como lo permite el artículo 272 de la ley electoral. El exconsejero Jaime Cárdenas, promotor de dicha medida, opina que las recientes declaraciones de Lino Korrodi pueden ayudar a reabrir el caso, para lo cual sólo haría falta que un partido o un ciudadano lo soliciten ante el IFE.




Ulises, FeCal, Fox entiendan: EL PUEBLO NO ES TONTO!!!