AMLO: DEL LADO DEL PUEBLO

Ley de precios, primera iniciativa de AMLO como “presidente legítimo”

gloria leticia díaz

México, D.F., 22 de noviembre (apro).- Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su primera iniciativa de ley como “presidente legítimo”, y con esta actividad arrancó una nueva etapa de conferencias de prensa, que dará cada semana.

Como lo anunció el lunes anterior en su toma de protesta, López Obrador lanzó su primera iniciativa, la “ley de precios competitivos”, con dedicatoria para los monopolios privados, que será presentada este jueves, en la sede de Senado, por el “secretario de Relaciones Políticas”, José Agustín Ortiz Pinchetti a los coordinadores parlamentarios del Frente Amplio Progresista (FAP).

En compañía de Ortiz Pinchetti, del “secretario de Hacienda” Mario Di’Costanzo y su asesor económico Rogelio Ramírez de la O, el tabasqueño aprovechó su primera conferencia, después de tomar posesión el 20 de noviembre, para pedir el apoyo de los reporteros a fin de difundir el número de cuenta del “gobierno legítimo”, al tiempo que se refirió sin especificar a medios aliados al gobierno del panista Felipe Calderón.

“Últimamente hemos venido padeciendo de un cerco informativo y, con todo respeto –dijo López Obrador--, muchos medios de comunicación, con honrosas excepciones, se han dedicado nada más a alcahuetear a la derecha y a quemarle incienso al espurio, al gobierno usurpador y al presidente pelele”.

Al afirmar que su sueldo mensual será de 50 mil pesos, el excandidato presidencial pidió a los reporteros ayuda “porque no tenemos dinero”, a fin de difundir el número de cuenta 04038497855 del banco HSBC, a nombre de la asociación civil Honestidad Valiente, en que los simpatizantes pueden depositar de cien a 30 mil pesos.

López Obrador reconoció que no toda la población está interesada en sus actividades, pero sí una buena parte de ella. “No nos pueden borrar”, dijo a reporteros después de advertir que al día siguiente revisaría las publicaciones.

Al hacer la presentación de la “ley de precios competitivos”, el tabasqueño señaló que se trata de una iniciativa para reglamentar el artículo 28 constitucional, que prohíbe las prácticas monopólicas y sus efectos nocivos contra los consumidores.

“Sin embargo, hasta ahora, este artículo es letra muerta, porque en México hay grandes monopolios económicos vinculados al poder que encarecen bienes y servicios, lesionan la economía popular, la economía de las clases medias y de pequeños empresarios y comerciantes –dijo López Obrador--. En este país pobre se paga más que en las naciones ricas y con peores condiciones de servicio. Esto es inaceptable”.

Al presentar una lista de productos que en México son más caros que en Estados Unidos (cemento gris, 223.5%; Internet, 260%; comisiones bancarias 3 600%, entre otros), dijo que “parece paradójico que quienes hablan de libre mercado sólo quieren la libre competencia en los bueyes del compadre, en los negocios ajenos”.

El encargado de la política interior del “gobierno legítimo”, José Agustín Ortiz Pinchetti explicó que la iniciativa está encaminada a “evitar la exageración de precios, se pretende que tenga observancia general en toda la República y sea aplicable a todas las áreas de actividad económica”.

Ortiz Pinchetti consideró que la iniciativa también podría ser apoyada por legisladores de otros partidos políticos, porque es claro que “una de las causas del estancamiento económico del país es justamente las actividades monopólicas y oligopólicas, y atacar estos síntomas, los síntomas de la concentración, es algo que está en el ambiente general, tanto internacional como nacional”.

También exdiputado federal, Ortiz Pinchetti descartó que los legisladores del PAN veten la iniciativa, pues –recordó-- no tienen mayoría en el Congreso de la Unión. Será negociada, será presentada conforme el proceso legislativo en las comisiones, y más adelante se podrá llegar a consensos. “Estamos optimistas de que una ley tan necesaria será aprobada por la mayoría de los legisladores en el Senado y después en la Cámara de Diputados.

Mario Di’Costanzo explicó que la iniciativa no es un control de precios, “es una ley que combate los efectos de los monopolios; tampoco es una ley que esté confrontada con la Comisión Federal de Competencias”.

Añadió que la iniciativa “concibe la creación de la Comisión de los Precios Competitivos, que estaría atacando el síntoma o el efecto de los grupos que, a través de su poder o preponderancia en el mercado, llevan a cabo prácticas de tipo monopólico”.

Descartó también que sea “una ley que pretenda otorgar subsidios”, más bien de aplicarse, habría un “mayor poder adquisitivo que viene de la reducción de precios, al buscar que éstos tengan una similitud con los de los principales socios o competidores internacionales”.

Por su parte, Ramírez de la O explicó que después de 20 años de que México se abrió a los mercados internacionales, las empresas que sobrevivieron son las que son competitivas, pero que los precios altos en algunos servicios se deben a que sus “márgenes de utilidad son mayores y que nosotros, por nuestra complacencia, lo hemos tolerado durante muchos años, ya llegó el momento de dar una revisión radical a este tratamiento y a esta complacencia”.

La ley de precios comprende 18 artículos y, según el documento entregado, pretende “establecer mecanismos que logren mantener un sano equilibrio en la determinación de los precios en los mercados relevantes de bienes y servicios con la finalidad de contribuir a las condiciones competitivas del mercado nacional”, y también tiene como objetivo “impedir la exageración en los precios por parte de las personas físicas o morales... que puedan constituir o constituyan un poder sustancial en el mercado relevante que corresponda”.

La iniciativa indica que los “productores del Estado” del sector energético, como petróleo, electricidad y gas natural, “no estarán sujetos a las disposiciones de esta ley ni a las medidas y sanciones establecidas en la misma”.

El texto señala que se considera que existe exageración de precios si se ofrece “bienes o servicios a un precio que sea superior a 10% del precio competitivo”, y para ello la “Comisión de los Precios Competitivos” fijaría sanciones que van desde exigir la reducción de precios, hasta boletinar a las empresas abusivas, a fin de que ninguna entidad federativa y administrativa adquiera sus bienes y servicios.

En caso de reincidencia, dice el artículo 14, se tomarán medidas contra las infractoras, como la expropiación, requisa o aseguramiento de bienes, revocación o cancelación de concesiones, o se solicite por “vía judicial la disolución de la persona moral de que se trate”.

Entre las sanciones se indica que “los sujetos que mediante resolución firme y definitiva hayan sido acusados de haber incurrido en exageración de precios, serán responsables del pago de daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a terceros por ese motivo. Estas acciones se deducirán ante los tribunales de la Federación que correspondan”.

La comisión que propone la ley estará representada por miembros de la academia, empresarios del sector de la pequeña o mediana industria o de la prestación de servicios y funcionarios del Estado.

El documento es firmado por Andrés Manuel López Obrador, “presidente legítimo de México”, y en los artículos transitorios se indica que, una vez aprobada en el Congreso de la Unión, entrará en vigor 60 días después que se publique en el Diario Oficial de la Federación, y también se indica en el segundo transitorio que “el presidente de la República estará obligado a expedir y a publicar el reglamento de esta ley, precisamente en la fecha en que la misma entre en vigor”.

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