DE REFORMA

Miguel Ángel Granados Chapa
La maestra pone orden

Puesta a elegir entre dos adversarios de los que tiene mucho que sentir, Elba Esther Gordillo ha elegido servir a Ulises Ruiz, y para ello ha diseñado un golpe contra la sección 22, que partirá a la mitad para que una nueva sección, de gente suya, contrarreste a sus antagonistas
El domingo pasado ofreció Elba Esther Gordillo una conferencia de prensa, respecto de temas que está acordando el Consejo nacional del sindicato que ella preside, el de trabajadores de la educación, reunido discretamente "porque -explicó- los ánimos ustedes saben cómo están y lo que queremos es evitar enfrentamientos de cualquier tipo". Ayer pusimos en relieve la magnitud del acto administrativo que el gremio magisterial, con ella a la cabeza, se ha arrogado, el manejo de más de 41 mil millones de pesos para ajustes salariales en un plazo de seis o siete años.

Pero la conferenciante no apareció únicamente como administradora en ciernes de los recursos financieros en materia educativa. También, al modo lorquiano, se portó como quien es, la dirigente desde 1989, hace ya 17 años, del sindicato más grande de México, dispuesta a poner orden en casa. Anunció que se convocará a un congreso en la sección 9, es decir que se recompondrá la situación política de esa sección, que agrupa a los profesores de enseñanza básica en el Distrito Federal y que desde hace medio siglo había sido dominada por la disidencia, ya por el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), ya, en las dos décadas recientes, por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE. Con paciencia, Gordillo ha intentado una y otra vez recobrar el control de esa importante y emblemática sección. Comenzó a hacerlo cuando fue elegida secretaria general la profesora Blanca Luna Becerril, el reconocimiento de cuya elección fue regateado por el comité nacional. Hoy sin embargo, la maestra Luna Becerril forma parte del partido elbista, Nueva Alianza, y ganó con esa agrupación una curul en la Cámara de Diputados.

Pero donde se hará más evidente el manotazo que está ya dispuesta a dar la profesora Gordillo es en la sección 22 de Oaxaca. Anunció que una comisión del sindicato estudia sobre el terreno el modo de satisfacer peticiones de un grupo importante de miembros de la sección oaxaqueña que ya no quieren pertenecer a ella. Desde antes que el 22 de mayo se iniciara la suspensión de labores magisteriales, que luego evolucionó hasta convertirse en un conflicto político, dirigentes del Consejo Central de Lucha, encabezado por José Luis García Zárate y Alma Rosa Fernández Aquino, habían pedido a Gordillo la creación de nuevas condiciones en la 22 o de plano la conversión de una en dos secciones. Hace "yo creo que ocho o diez meses que nos lo vienen solicitando".

La petición adquirió carácter de urgente a raíz de la decisión del Consejo Central de Lucha de iniciar clases, a contrapelo de la asamblea seccional, con lo que se rompería la unidad de acción. El asesinato del profesor Jaime René Calva Aragón fue aducido por el Consejo Central de Lucha, a que pertenecía la víctima, como ejemplo de los riesgos que corren por oponerse a la corriente mayoritaria que controla el comité seccional. Gordillo aceptó que de los 60 mil o poco menos miembros de la sección, a la disidencia pertenecen unos 15 mil. Sus dirigentes pidieron al comité nacional presidido por Gordillo "una respuesta definitiva y favorable a la reiterada solicitud que hemos hecho para el reconocimiento de una nueva sección, que represente a los trabajadores del sindicato, que en un momento dado decidimos renunciar a nuestra membresía de la sección 22, por las prácticas antidemocráticas, intolerantes y excluyentes de la dirigencia, de modo que los compañeros que han decidido sumarse a este proyecto sindical no queden en indefensión ante los actos de revancha y presión y represión que han caracterizado a los dirigentes de la sección 22 y sus corrientes políticas afines".

Debilitar al movimiento magisterial, que tal sería el sentido y el propósito de partir en dos la sección, facilitaría poner fin a la disidencia de la 22, la más sostenida de cuantas se han practicado en secciones del SNTE. Fue creada hace un cuarto de siglo bajo el signo de la oposición, entonces a la Vanguardia revolucionaria del magisterio. Ya más recientemente, dirigentes de la porción oaxaqueña del SNTE han endurecido sus actitudes frente a la propia Gordillo. Una vez prendieron fuego al vehículo blindado en que se movía, y en otra ocasión llegaron hasta su domicilio en Polanco para pintarrajear la fachada con acusaciones de homicidio. En ese lapso, según diagnostica ahora la afectada, los gobernadores transigían y hasta alentaban a la disidencia, en perjuicio del control nacional:

"¿No Diódoro Carrasco les dio las finanzas y en la propia sección se pagaba? ¿No les dio toda la estructura administrativa? ¿No los alentaban los gobernadores a que viniera aquí a pedir, a dar y hacer... el propio Ulises? Bueno, pues están cosechando lo que sembraron".

Atender a la fracción de la 22 que le es afecta, el Consejo Central de Lucha, para desmontar la beligerancia contra el gobernador, significaría hacer a éste un servicio (durante el tiempo poco o mucho que pueda sostenerse) de gran magnitud. Y es que la maestra ya ha optado: aunque Ruiz es su adversario y aun su enemigo ("el grupo al que él ha pertenecido es totalmente el grupo que en algún momento dado propiciaron muchas cosas dentro del partido en que ellos militan"), este asunto "no se resuelve con afectos o desafectos... lo que no puede ser es que se violente la ley".

Fatigada como estaba el domingo, la profesora llamó Tomás Ruiz al gobernador. Al percibir su pifia aclaró, sin que fuera necesario, "ese es mío".



Cajón de Sastre

Hace un lustro murió Digna Ochoa y Plácido. Se suicidó, es el veredicto de la averiguación oficial. Fue asesinada, suponemos quienes junto con la evidencia física del caso (la que fue posible conocer, dada la manipulación que por descuido o interés se practicó sobre ella) lo ubicamos en el contexto de su trabajo y de sus días. Tras abandonar una breve vida religiosa, esa pequeña mujer que en el nombre, certero presagio de sus padres, llevaba la fama, se hizo abogada y defensora de personas cuyos derechos humanos eran atacados. Como otros profesantes de ese arriesgado oficio fue hostigada siempre que su tarea la ponía delante de agentes policiacos o militares. El 19 de octubre de 2001 su cuerpo fue hallado sin vida, en circunstancias tales que hacen impensable el suicidio como impedía pensar en un fin de esa índole su trayectoria vital, que espíritus menores pretendieron achicar para que tuviera su propia talla. Pero no lo consiguieron y ella será siempre ejemplar, siempre Digna. Día llegará en que ese crimen tenga castigo.


Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

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Lorenzo Meyer
Una historia de espías

Incidente

Por salud mental, conviene, de tarde en tarde, alejarse del presente y analizar momentos significativos y positivos del pasado. El Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca (FAPECFT) acaba de cumplir 20 años y está catalogando los documentos -varios cientos- que en 1927 agentes secretos mexicanos sacaron de la oficina del agregado militar de la embajada norteamericana en México por órdenes del secretario de Industria, Comercio y Trabajo, Luis Napoleón Morones. El objetivo era que tales escritos sirvieran al presidente Calles como un elemento más para negociar una salida pacífica a la que sería, hasta ahora, la última gran crisis entre México y su vecino del norte.



Los documentos

Los papeles en cuestión son básicamente copias de informes que la agregaduría militar norteamericana elaboró sobre la situación política y militar de México entre el final de su guerra revolucionaria y de los gobiernos de la "dinastía sonorense" -Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles-. También están órdenes recibidas por el agregado de sus superiores, memoranda intercambiada entre los embajadores norteamericanos y el Departamento de Estado, informes sobre la situación de la industria petrolera y otras cosas relacionadas.

La Secretaría de Guerra norteamericana tenía entonces -como los tuvo antes y, supongo, los tiene hasta ahora- planes de contingencia por si era necesario intervenir en México. Al final, la mayoría de esos planes resultan un ejercicio puramente teórico, pero es un hecho que en vísperas de que los espías mexicanos sustrajeran los documentos de la embajada norteamericana, la posibilidad de un choque armado entre México y Estados Unidos era alta, muy alta. La idea del uso de la fuerza la apoyaban el embajador norteamericano, James Rockwell Sheffield -antiguo abogado de empresas como General Electric-, y las compañías petroleras con intereses en México y que consideraban que el nacionalismo revolucionario mexicano era una amenaza a sus inversiones dentro del país pero, sobre todo, fuera, pues el ejemplo podía cundir en otros lugares de Latinoamérica y fuera del continente.



La litis

Desde que la Constitución de 1917 decretó en su artículo 27 párrafo IV que todo el combustible en el subsuelo era propiedad de la nación, las empresas extranjeras -básicamente norteamericanas y británicas- señalaron que la medida valía para el futuro pero no para quienes habían adquirido sus derechos bajo el antiguo régimen que explícitamente daba la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo al superficiario. Negarles esa propiedad era un acto retroactivo, contrario a lo expresado por el artículo 14 de la propia Constitución y a la práctica internacional.

Recién llegados al poder, el presidente Calles y Morones -a la vez miembro del gabinete y el líder sindical más importante- impulsaron una ley orgánica del petróleo que un Congreso obediente aprobó en diciembre de 1925. Esa ley señalaba que sólo se reconocerían los derechos adquiridos antes de 1917, y nada más por 50 años, en los casos donde las empresas pudieran demostrar que habían realmente ejercido ese derecho mediante un "acto positivo" -es decir que habían perforado y extraído petróleo- pero no en terrenos mantenidos como reserva, donde la propiedad del combustible no extraído retornaría a la nación. Finalmente, en todos los casos, las empresas deberían cambiar sus títulos originales por "confirmatorios".

En 1926 el petróleo mexicano ya no era tan importante para el mercado mundial pues en cinco años la producción había caído más del 50 por ciento. De todas formas, dejar a México salirse con la suya sentaría un precedente internacional muy negativo. Por ello, concluido el plazo de un año dado por la ley, las empresas, apoyadas por sus gobiernos y 60 amparos, no acataron lo dispuesto por el gobierno mexicano. En abril de 1927 y por la fuerza, las autoridades mexicanas detuvieron trabajos de exploración de ciertas empresas, aunque no se atrevieron a suspender la producción misma. Los que apoyaban una reacción dura contra la impertinencia nacionalista mexicana, consideraron llegado el momento de responder con la fuerza.



El entorno

Tras los cambios producidos por la Primera Guerra, Estados Unidos era la única gran potencia con capacidad y voluntad para intervenir en América Latina. En los 1920 el presidente Calvin Coolidge y el Partido Republicano se habían manifestado dispuestos a intervenir "en cualquier parte del globo en donde el desorden y la violencia amenacen los pacíficos derechos de nuestro pueblo". El ambiente dominante en Washington era francamente conservador, intervencionista y contrarrevolucionario. Estos dos últimos puntos eran importantes porque justo entonces el Departamento de Estado publicó un "Libro Blanco" titulado "Los objetivos y las políticas bolcheviques en México y América Latina" y 2 mil marines apoyaban a los conservadores en Nicaragua. México parecía ser el siguiente destino de las tropas norteamericanas para asegurar el imperio de la ley y el orden, aunque había un problema: la fuerza invasora tendría que ser 50 o 100 veces superior a la enviada a Nicaragua.

Desde el 12 de junio de 1925, Washington había advertido que dejaría de apoyar al gobierno de México si éste no protegía la vida e intereses de los norteamericanos en su territorio. En noviembre de ese año, el embajador Sheffield, en carta personal al rector de la Universidad de Columbia, le confió que, en su opinión, "al final de cuentas [los mexicanos] no reconocen más argumentos que la fuerza". A nadie extraña que, el 31 de marzo de 1927, el embajador advirtiera a sus superiores que Calles sólo detendría su política "radical" cuando Estados Unidos le pusiera un alto y que la interferencia en los pozos de exploración marcaba la coyuntura apropiada para ponérselo.



La invasión que no se dio

En 1927 México vivía la guerra cristera y el liderazgo revolucionario estaba dividido, pues los generales Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano se preparaban para actuar contra el dueto sonorense de Obregón y Calles. Si en condiciones normales el gobierno mexicano no podía resistir un ataque norteamericano, en las de 1927 menos. Sin embargo, para los "halcones" como Sheffield la situación tampoco era fácil. Una nueva "expedición punitiva" contra México requeriría muchos recursos y enfrentar la posibilidad de una guerra de guerrillas prolongada. En el Congreso de Estados Unidos, los demócratas declararon que no estaban dispuestos a apoyar otra aventura militar más en América Latina.

En esta coyuntura, Calles propuso someter la controversia petrolera a un arbitraje internacional. Pero también advirtió que tenía en su poder esos documentos que hoy están en el FAPECFT, y que, si los norteamericanos desembarcaban en México, las tropas mexicanas incendiarían los pozos petroleros antes de retirarse y los documentos se harían públicos en el exterior para que el mundo se diera cuenta de que esa invasión se había planeado de tiempo atrás y con propósitos claramente imperialistas: para apoyar a empresas abusivas y contra los justos reclamos mexicanos.

Las documentaciones extraídas de la embajada norteamericana por el "agente 10-B" y que hoy se pueden consultar lo mismo en el FAPECFT que en los Archivos Nacionales de Washington, son comunicaciones internas del gobierno norteamericano que revelan claramente dureza y prepotencia -en particular del embajador Sheffield-. Por sí mismos, no explican el cambio tan grande que entonces tuvo lugar en la política de Washington hacia México, pero sí arrojan luz sobre este cambio si se les mezcla con la falta de apoyo de los demócratas y el costo de la invasión.

En el momento crítico, Coolidge cambió a su embajador por otro que dio un giro político de 180 grados. En efecto, Dwight Morrow, un banquero más interesado en que México pagara su deuda y menos en defender el petróleo, decidió que el mejor camino a seguir era cooptar a la Revolución Mexicana, ceder algo para conservar mucho. Así, aceptó que las empresas petroleras cambiaran sus títulos originales por confirmatorios a cambio de que fueran a perpetuidad y se definiera de manera más ligera lo de "acto positivo". Morrow se ganó la voluntad de Calles al punto de que la propia embajada redactó el proyecto de una nueva ley petrolera, misma que el obediente Congreso mexicano pasó cuando Calles lo ordenó.



Conclusión

Desde el "Acuerdo Calles-Morrow" México nunca ha vuelto a ser amenazado por Estados Unidos de manera tan directa como en 1927 pero tampoco se conoce que el espionaje mexicano haya vuelto a dar un golpe tan sensacional como el de 1927.



FeCAl entiende: EL PUEBLO NO ES TONTO!!!